El rechazo mayoritario de los trabajadores con los que Montrasa-Maessa tiene una deuda de 1,2 millones a la propuesta de pago de la misma previa quita de un 90 por ciento aboca a la empresa a la liquidación, lo que implica la destrucción de 120 empleos, entre ellos los 34 que ocupaban otros tantos trabajadores en la fábrica de Alcoa cuando hace casi tres años Montrasa no renovó el contrato de prestación de servicios a la multinacional del aluminio y abrió la caja de Pandora en forma de un conflicto laboral que ahora amenaza con hundirla.
La cuestión de la deuda a los acreedores (los trabajadores, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y Hacienda) se dirimió ayer en el Juzgafo Mercantil de Gijón. La propuesta empresarial, respaldada por el administrador concursal, pasa por quita una del 90%, una espera de dos años y, a partir del tercer año, el pago de las cantidades debidas en varios plazos durante 8 años. Como opción alternativa, Montrasa ofreció a los trabajadores canjear la deuda por acciones con un tope de 359.000 euros; es decir, la conversión de 1.200.000 euros en 359.000. La actual propiedad de Montrasa también mantendría la mayoría de control en el consejo de administración.
Las administraciones públicas acreedoras, a las que Montrasa debe 1,5 millones, no acudieron al acto, lo que a efectos prácticos equivale a su abstención. De los 34 trabajadores afectados, cinco votaron a favor de aceptar la propuesta de pago de la empresa y 24 en contra; otros cinco no acudieron. De este modo prevaleció el rechazo al plan del deudor y el juez tiene ahora entre siete y diez días para declarar a la empresa en liquidación, lo que supondrá el cese de actividad y la rescisión de todos los contratos: los 34 que originaron el litigio y otros 90: 4 en Alcoa, 26 en la cementera de Tudela Veguín, 14 en Aboño, 7 en Portland Madrid y el resto, en talleres y oficinas.
