El gobierno de Gozón plantea implantar un impuesto a las compañías eléctricas por el paso de los tendidos de alta tensión por el concejo, como ya ha ocurrido en otros municipios asturianos. Se trata de un gravamen sobre la utilización del dominio público, no solo por parte de las empresas eléctricas sino también otro tipo de energías como el gas, que permitiría al Ayuntamiento tener unos ingresos extra para cuadrar el presupuesto. En esa búsqueda de recursos el equipo de gobierno encontró además un convenio con una empresa telefónica que le "ha sonado extraño", en el que el Ayuntamiento se compromete a contratar únicamente los servicios a esa empresa, algo que ya están estudiando los servicios jurídicos.

"Ante el posible cierre de Alcoa, estamos buscando todos los mecanismos para poder disponer de recursos para afrontar las necesidades de los gozoniegos. La situación del Ayuntamiento es muy delicada", sentenció el alcalde, Jorge Suárez, después de que los presupuestos propuestos por el PSOE no salieran adelante en el Pleno de febrero. El cierre de la aluminera supone un descenso de los ingresos de las arcas municipales, ya que la empresa estadounidense aporta un diez por ciento del presupuesto, más de un millón de euros. "El impuesto a las eléctricas solo sirve para paliar levemente este problema. No cubre ni mucho menos lo que perdemos, pero todo aporta", sostiene el alcalde gozoniego.

Impuesto a la telefonía

"Al igual que lo planteamos con las eléctricas, quisimos plantearlo también para las empresas de telefonía, cuando encontramos un convenio que tiene el Ayuntamiento con una de ellas, que cuanto menos, resulta sospechoso", explicó Suárez. Por este acuerdo, la empresa disponía gratuitamente de la canalización municipal para su cableado, además de contar con un local de 40 metros cuadrados cedido por el Consistorio para su maquinaria.

"Pero lo más sangrante es que el convenio compromete al Ayuntamiento a contratar todos los servicios de telecomunicación a esa compañía. Creo que es un atentado contra la libre competencia y, por eso vamos a estudiarlo. No encontramos ni un solo documento donde se explique como se cerró ese convenio, si se enviaron ofertas a otras compañías o si se hizo un concurso público", explica el Regidor. El convenio data de antes de 2011 y estuvo ratificado por unanimidad. "La realidad es que se ha hecho un regalo a una compañía, para que luego se lucre a costa de los luanquinos, no tiene sentido", sentenció Suárez.