La veintena de inquilinos del Poblado de Pescadores de Avilés incluidos en la lista de "desahuciables" que elaboró la Cofradía de Pescadores "Virgen de las Mareas", propietaria del barrio, tienden su mano a la entidad pesquera para tratar de acordar una salida que satisfaga a todas las partes y acabe con el conflicto desatado por la pretendida actualización de las rentas de las viviendas. En concreto, los inquilinos proponen la apertura de un proceso de mediación y el abogado que los representa, Manuel Barba, sugiere dos árbitros de reconocido prestigio para tratar de acercar las posturas ahora enconadas: Manuel Pimentel, que fue ministro de Trabajo con Mariano Rajoy y ahora dirige una firma especializada en la resolución extrajudicial de conflictos, y el exmagistrado-juez de la Audiencia Provincial de Oviedo Agustín Azparren, también dedicado en la actualidad a la mediación, un campo en el que se considera uno de los mayores expertos españoles.

Los inquilinos dan este paso al frente a la vista de la sucesión de sentencias favorables a sus intereses dictadas por los Juzgados de Avilés en relación a las demandas de desahucio que promueve la cofradía de pescadores en los casos en los que ha fracasado el intento de subir las rentas. Barba ya cuenta con cuatro sentencias desestimatorias de la pretensión de "Virgen de las Mareas" de rescindir los contratos de alquiler de otros tantos inquilinos (viudas, jubilados y trabajadores en activo de la mar) del Nodo y presume que pronto serán cinco contando la del juicio verbal celebrado ayer mismo en el palacio de Justicia avilesino.

"Ahondar en la judicialización de este asunto es lesivo para todos, oneroso -la cofradía está siendo sistemáticamente condenada en costas- e improductivo. Los vecinos nunca se han negado a revisar el precio de sus rentas, lo que rechazan es pagar las cifras que la cofradía plantea porque lo que no se puede dejar de lado es el cariz social que tienen las casas del Nodo y el derecho que asiste a sus ocupantes a vivir en ellas a cambio del pago de un alquiler módico. Por eso, y a la vista de que los tribunales tumban una tras otra las demandas de la cofradía, creemos llegado el momento de abordar a cuestión con otro talante", manifestó el abogado Barba en declaraciones a este diario.

En un anterior intento de negociación extrajudicial, la cofradía de pescadores propuso rentas de entre 81 y 276 euros mensuales, con solo seis casos por encima de 200 euros. Por parte de los inquilinos, la primera propuesta fue aceptar una actualización anual de las rentas conforme al índice de precios al consumo (IPC); la cofradía la rechazó. Con posterioridad, los arrendatarios mejoraron su disposición a la subida de la renta: cien euros mensuales, más el pago del IBI y las cuotas de comunidad en el caso de los marineros en activo; y 50 euros y el pago del IBI en los alquileres de viudas y jubilados. Esta proposición tampoco prosperó, según explicó entonces un portavoz de "Virgen de las Mareas" porque "carece de objetividad e iguala las rentas que pagan las viudas y los jubilados".

A falta de ser convocada formalmente a un proceso de mediación, la intención manifiesta de la cofradía en relación a las últimas sentencias adversas es recurrirlas ante la Audiencia Provincial en el convencimiento de que en esa instancia superior sus demandas de desahucio sí prosperarán.