"Veinticuatro meses horrorosos, y así serán los que nos quedan de vida". Elena Pérez está destrozada. Hace dos años el destino le arrebató a su hijo, un crío de 5 años, feliz. Ahora dice que le duele respirar. Solo a veces levanta la cabeza y hace acopio de fuerza para reclamar justicia y que se esclarezca por qué aquella fatídica tarde del 25 de julio de 2017 su hijo Izan Álvarez murió ahogado en la piscina de la granja-escuela de La Bouza, un centro hasta entonces de prestigio que dio nombre a Soto del Barco por toda Asturias. Elena Pérez y su marido, Miguel Álvarez, tienen claro qué ocurrió, pero la sentencia debe dictarla un juez. Y en este caso el proceso de instrucción es una concatenación de retrasos, de ahí que por primera vez esta familia haya decidido dar la cara para pedir celeridad a la justicia.
"De estos 24 meses que han pasado, de instrucción real han sido cuatro o cinco", manifiesta Óscar González, el abogado de esta familia praviana que ahora reside en Avilés. "Lo que no procede es que una instrucción que tiene que ser ágil procesalmente hablando lleve ya dos años. Se está malgastando el tiempo en esperas de resoluciones, se presenta una petición y pasan meses, se solicita cualquier prueba y se deniega... A esto hay que sumar que a día de hoy en el Juzgado de Pravia hay una jueza sustituta", añade el letrado con la prudencia medida.
Elena Pérez y Miguel Álvarez hacen su propia lectura de estos casi dos años desde que perdieron a su hijo: "No vemos ni un solo avance, la instrucción es larguísima y no nos informan de nada. Esperamos y no sabemos a qué esperamos", manifiesta esta mujer que perdió a su hijo estando embarazada de seis meses de su hija, que ahora tiene 21 meses. Pero nada es como era. "Tomo treinta pastillas al día, estamos a tratamiento con psiquiatras y psicólogos. No salimos. La niña no puede disfrutar de la vida normal de una cría", reconoce Pérez, que sufre una fuerte depresión y está de baja laboral. Su marido tampoco trabaja. No puede.
Elena sufre también agorafobia, un temor obsesivo ante los espacios abiertos o descubiertos. Les molestan, incluso, las caras conocidas. "No soporto que me digan que tengo que seguir adelante porque nadie sabe lo que estamos pasando, y la justicia, para colmo, no avanza. Estamos recibiendo una patada tras otra patada a nivel judicial, estamos peor que al principio y psicológicamente no podemos más", reconoce. Pero tal vez inconscientemente Elena Pérez es una madre coraje. Y lucha. Porque quiere que los culpables, si existen, paguen por la muerte de su hijo.
Izan Álvarez Pérez tenía 5 años cuando el infortunio se cruzó en su camino. Aquella fatídica tarde del 25 de julio de 2017, el pequeño murió ahogado en la piscina. Esta es, para la familia del niño, la primera irregularidad: la documentación que está en posesión de la jueza de Pravia recoge que los padres del pequeño, a la hora de hacer la matrícula, advirtieron por escrito al centro de que el pequeño tenía "miedo al agua". El menor fue hallado inconsciente flotando por una trabajadora del complejo a las 16.30 horas.
La documentación que ahora en está en manos de la magistrada praviana recoge también que la piscina carecía de socorrista, a pesar de que la normativa impone este servicio para una instalación de sus características, y tampoco tenía licencia municipal de apertura, cuando llevaba en funcionamiento dos décadas y media. Así lo recogen sendos informes remitidos por la Guardia Civil y por el Ayuntamiento de Soto del Barco, a los que tuvo hace año y medio acceso este periódico. Los investigadores destacan también "la falta de barreras" entre la piscina pequeña, destinada a menores que no saben nadar, y la grande. La investigación concluye que la granja-escuela carecía de seguro de responsabilidad civil y que una de las dos monitoras al cargo de 17 niños estaba en prácticas.
Hace aproximadamente un año, la jueza amplió el plazo de instrucción en 18 meses con el objeto de recabar nuevas pruebas que contribuyeran a aclarar qué ocurrió aquella tarde negra. Una vez con toda la documentación en su poder deberá resolver si la muerte del pequeño fue una fatalidad o si existen indicios de homicidio imprudente por parte de los responsables del centro. La familia de Izan Álvarez necesita saberlo. Y urgen a la justicia que no acumule más retrasos. "Ya está bien", sentencia Elena Pérez, que quiere llegar hasta el final y descubrir qué ocurrió aquel día de verano que ahora es más que un aniversario doloroso. Mucho más. Es otro día más sin un hijo. Con el caso cerrado tal vez esta mujer sea capaz de llevar a su hija al parque y de mirar a los ojos a otros niños que ahora tienen la edad que tendría Izan si estuviera vivo.
