Dos años de cárcel, una multa de 360 euros y el pago de una indemnización de 40.000. Esa es la pena que aceptó ayer, previo acuerdo entre las partes, S. P. P., la administradora de fincas acusada de quedarse 83.433,37 euros de diferentes comunidades de propietarios. La denunciada, que se reconoció autora del delito continuado de apropiación indebida del que la acusaban Fiscalía y acusación provisional, evitará la prisión si abona sus obligaciones económicas.

En la vista oral, celebrada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, la acusada reconoció los hechos descritos en el escrito de acusación de la Fiscalía: que era socia y trabajadora para una empresa de administración de fincas y que su labor consistía en la preparación de las juntas de propietarios, asistencia a las juntas, despacho con los presidentes y responsables de las comunidades, elaboración de presupuestos, llevanza contable y presentación de cuentas anuales; en definitiva, se encargaba de la administración exclusiva de determinadas comunidades de propietarios de Avilés.

También que, tal y como sostiene el Ministerio Fiscal, en el periodo comprendido entre enero de 2009 y julio de 2016, momento en que cesó como trabajadora la empresa, la acusada se quedó con determinadas cantidades de dinero de las comunidades que administraba, utilizando para ello cheques al portador que ella misma rellenaba e iba a cobrar al banco y que los presidentes de las comunidades le habían dejado ya firmados para cuestiones relacionadas con las fincas administradas. De esta manera, consiguió quedarse con 83.433,37 euros.

Por todo ello, el Ministerio Público solicitaba una pena de cinco años de prisión, una multa de más de 4.300 euros y el pago de una indemnización de 83.433,77 para la empresa, que había pagado previamente el dinero robado por la trabajadora a las correspondientes comunidades de vecinos.

Finalmente, y tras el acuerdo, S. P. P. fue condenada a dos años de prisión, una multa de 360 euros y el pago de 40.000 euros al despacho para el que trabajaba en concepto de indemnización. Defensa y acusación particular acordaron que la denunciada abone el montante a razón de 500 euros al mes desde enero. El juez aceptó la suspensión de la condena de cárcel, siempre y cuando la acusada haga frente al calendario de pagos planteado. El primer plazo tendrá que abonarlo el próximo mes de enero.