La primera huelga del autobús urbano de Avilés desde hace doce años arrancó ayer con más tensión administrativa que incidencia en la calle, donde fueron pocos los viajeros que quedaron en tierra, ya fuera porque estaban advertidos y buscaron otra manera de moverse o porque el día lluvioso y desapacible no invitaba a salir de casa. Los paros se desarrollaron en dos tramos horarios (de 7.00 a 9.00 y de 17.00 a 19.00 horas), el mismo anunciado para mañana, miércoles, segunda jornada de la huelga. El motivo de esta protesta laboral son las discrepancias sobre la legalidad del sistema de videovigilancia que la empresa ha instalado en los autobuses.

En ausencia de incidentes en la calle, el fragor de la batalla estuvo en los despachos. Los servicios mínimos establecidos por la empresa concesionaria, la CTEA (Grupo Alsa), fueron denunciados por el comité de trabajadores, bajo cuyo punto de vista la compañía incumplió la instrucción de la Administración regional: fijar unos mínimos del 25 por ciento de los servicios. "Hay rutas de cuatro vehículos en las que se ha ordenado que circulen dos y otras de dos coches en las que han circulado los dos; es una cuestión de pura matemática: el 25% de cuatro es uno y el 25% de dos, ni siquiera es uno", protestó Ramón Luis Blanco (CC OO), el presidente del comité de trabajadores. La compañía discrepa de los sindicatos: "Se han establecido escrupulosamente los servicios mínimos que fijó el Principado".

Según la empresa, "por la mañana estuvieron operativos la mitad de los servicios y por la tarde, el 75%; en el conjunto del día, funcionaron con normalidad el 60% de los vehículos". Según esos números, los servicios afectados fueron el 40%. En medios sindicales no quisieron entrar en guerras numéricas, pero sí dejar constancia de que la dirección de la CTEA "ha adulterado el derecho de huelga". Según Blanco, "además de imponer unos servicios mínimos superiores a los que fijó el Principado, la gerencia ha procurado que los conductores eventuales tuvieran asignadas líneas no afectadas por servicios mínimos, de modo que tuvieron que decidir entre hacer huelga o no, sabiendo que cuando en la empresa TUA, que también pertenece a Alsa, pasó lo mismo, quienes hicieron huelga no volvieron a ser llamados a trabajar; esta coacción es intolerable". Un portavoz de la CTEA negó tajantemente tal extremo.

Los usuarios, al menos la mayoría de los que ayer hablaron con este diario a mediodía, se muestran comprensivos con la protesta de los conductores, aseguran no haber sufrido contratiempos para viajar en el día de ayer y no ven con buenos ojos que haya cámaras de vídeo en los buses que los graban "salvo que estén garantizados los derechos que contempla la ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)", como apuntó el estudiante Adrián Martínez.

La empresa insiste en que el sistema de videovigilancia instalado en los buses de la CTEA "cumple con todas las ley, incluida la LOPD". Dicho sistema funciona del siguiente modo: graba de continuo y borra lo grabado a la vez; solo conserva cinco segundos anteriores y siete posteriores a un incidente, ya sea este un percance del autobús (un sensor activa automáticamente el almacenado de las imágenes) o a iniciativa del conductor (una pelea dentro del vehículo, por ejemplo). Los empleados desconfían: "Podrían usar las cámaras para vigilarnos y sancionarnos".