La Nueva España

La Nueva España

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Castrillón

Los dueños del chalé de Salinas derribado piden un millón de euros

Los propietarios reclaman al Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial y el tripartito ha desestimado la demanda

Obras de derribo de parte del chalé, el pasado verano. MARA VILLAMUZA

Los propietarios del chalé de Salinas ubicado en la calle Bernardo Álvarez Galán y que han tenido que derribar parte del edificio tras sentencias judiciales, reclaman al Ayuntamiento de Castrillón más de un millón de euros en concepto de responsabilidad patrimonial por los supuestos perjuicios sufridos por la nulidad de las licencias urbanísticas para la ampliación de la vivienda que en su día concedió el Ayuntamiento y que anularon los jueces.

La casa es propiedad de la familia de Pepe Rivero, exportero del Sporting de Gijón. La primera licencia de ampliación del chalé fue otorgada por la junta de gobierno local (IU-PSOE) en el año 2010 y en el 2011 se concedió otra licencia más -en este caso IU gobernaba en solitario- todas para la ampliación del chalé.

Los fallos judiciales se basaron en un artículo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castrillón aprobado en 2001, que daba un plazo de ocho años para ejecutar las ampliaciones o modificaciones de las viviendas que tuvieran un aprovechamiento urbanístico menor del asignado en el plan urbano. Las obras fueron denunciadas por unos vecinos. El Ayuntamiento modificó en 2016 el polémico artículo del Plan urbano.

El tripartito (IU, PSOE, Podemos) ha desestimado la reclamación presentada hace un mes por los propietarios del chalé alegando que ha prescrito el derecho a la reclamación en base a la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, el expediente ha sido enviado al Consejo Consultivo.

La propiedad del chalé ya había presentado el pasado verano una reclamación por responsabilidad patrimonial que ascendía a casi dos millones de euros. La documentación fue enviada también al Consejo Consultivo.

El derribo de las partes del inmueble afectadas por las sentencias judiciales tenía previsto realizarlo el Ayuntamiento que, desde 2017 intentó en cinco ocasiones adjudicar las obras, en unos 145.000 euros, sin resultado positivo. Finalmente los propietarios se hicieron cargo de la obra.

Compartir el artículo

stats