Los 174 trabajadores de la planta de Sekurit de la fábrica avilesina de Saint-Gobain (dedicada a la fabricación de parabrisas) deciden hoy en votación secreta si acepta ser regulada hasta final de año mediante un ERTE que, a grandes rasgos, garantiza la percepción del 78 por ciento del suelo bruto, asegura que el máximo número de días de suspensión de contrato será de 55 por empleado y plantea la posibilidad de tener paradas las instalaciones hasta 65 días. Todo ello para mitigar el impacto económico que tendrá para la multinacional del vidrio la menor actividad del sector de la fabricación de automóviles en España y la "resaca" de la epidemia de covid-19.
Los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT -ocho y siete delegados respectivamente en un comité de empresa de 17 miembros- piden a los trabajadores que voten "sí" al ERTE; la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), con dos delegados, defiende el "no". La mayoría sindical habla de "ejercicio de responsabilidad", pero esta postura no debe ser confundida con la concesión de un cheque en blanco a Saint-Gobain: a cambio del apoyo al ERTE negociado los días pasados CC OO y UGT piden "contrapartidas". Más concretamente, ambas centrales quieren que durante los próximos meses se ponga sobre la mesa un plan inversor y se aclaren los planes que tiene la compañía para el centro de trabajo avilesino, cuya cartera de productos que fabricar mengua alarmantemente mientras engorda la de su principal competidor, que curiosamente pertenece a la misma multinacional: la fábrica marroquí de Kenitra, también especializada en parabrisas y con una estructura de costes salariales y medioambientales más ventajosa que la avilesina.
Miembros de las secciones sindicales de UGT y CC OO de Saint-Gobaina los que acompañaron los secretarios sectoriales de ambas centrales en Asturias, Damián Manzano y José Luis Alperi, trasladaron ayer este sentir a la alcaldesa de Avilés. Mariví Monteserín, con la que se reunieron en el ayuntamiento. Hoy harán lo propio con la regidora de Castrillón, Yasmina Triguero, y mañana expondrán sus argumentos al consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández.
El ERTE, que se aplicará entre el 13 de julio y el 20 de diciembre (como máximo), se argumenta por parte de la empresa sobre la base de las negativas consecuencias que ha tenido en el mercado automovilístico el impacto de la pandemia de covid-19, a lo que se ha venido a añadir hace unos días el cierre de Nissan, una noticia que ossurece aún más el horizonte del sector.
Los sindicatos de Saint-Gobain creen que el preacuerdo alcanzado para aplicar el ERTE -que sería el tercero en lo que va de año- demuestra "la responsabilidad y el compromiso" de la plantilla para atraer inversiones a la planta avilesina. "Queremos combatir lo que dijo un día un directivo de esta empresa, que el futuro de la industria española está en África, porque creemos que no es así. Lo que queremos es que haya inversiones y nuevos modelos de parabrisas que producir en Avilés", declaró el secretario general de SOMA FITAG-UGT, José Luis Alperi.
En línea con ese compromiso por el futuro, CC OO y UGT exigieron en la negociación del ERTE que se ponga sobre la mesa un plan de inversiones a medio plazo y que el máximo responsable para Europa de Sekurit se reúna con la parte social para aclarar las intenciones que tiene la multinacional para la fábrica avilesina.
El sindicato que se desmarca del posicionamiento conjunto de CC OO y UGT es la CSI; su responsable en Saint-Gobain, Juanjo Mielgo, rechaza los términos del preacuerdo suscrito por la mayoría del comité y la dirección de la compañía y en consecuencia pide a los trabajadores que voten "no" al mismo.
"Los argumentos de la empresa para justificar este ERTE son tanto coyunturales, derivadas del covid-19, como estructurales (cierre de Nissan, parón del resto de fabricantes...) Estas segundas razones no van a cambiar en 2021, cosa que admite hasta la propia empresa, y precisamente por eso dar por bueno el ERTE solo sirve para ratificar como buenas las causas alegadas por la empresa y sentar un precedente que podría conducir a la aplicación de medidas más severas a partir de enero del año que viene", expuso Mielgo. La CSI echa de menos que el ERTE se acompañe de un plan de viabilidad tangible y cuestiona que la compañía pida un "acto de fe" a la parte social sobre la presentación futura del mismo.
En última instancia, serán los trabajadores quienes, hoy, con sus votos, tengan la última palabra.
