La muerte por covid el pasado jueves del marinero pescador de 56 años Fredy Alfonso Cruz Vilca, de origen peruano pero afincado en Avilés, ha consternado al sector pesquero asturiano, pero si hay una persona que está especialmente “rabiada” es el armador Guillermo Busto, que tiene un barco palangrero que faena en las mismas aguas que el “Siempre Antares”, el buque de cuya tripulación formaba parte el difunto y que a día de hoy está retenido en el puerto de Celeiro (Lugo) con la tripulación a bordo guardando cuarentena.
Guillermo Busto viene reivindicando desde marzo –y este periódico se hizo eco de su lucha– la realización de test de covid a los tripulantes que embarcan para hacer mareas pesqueras que a veces duran más de una semana; pero el suyo es un clamor en el desierto: ni ha logrado el apoyo de las asociaciones empresariales ni tampoco de la Administración. Y por eso los pescadores que van a los caladeros de Gran Sol se la juegan con el covid: si alguno manifiesta la enfermedad estando en el mar, le separan dos días de navegación hasta recibir atención médica en tierra y la probabilidad de contagio generalizada dentro del barco es altísima.
“Viendo la que se nos venía encima con la pandemia del covid y el alto riesgo de contagio que entraña la vida a bordo de un barco pesquero, el 22 de marzo pasado, solo ocho días después de entrar en vigor el primer estado de alarma y el confinamiento domiciliario, solicité a la Secretaría General de Pesca, a la dirección genera de Pesca de Asturias y a la delegación del Gobierno en Asturias la generalización de una pauta obligatoria de realización de pruebas analíticas que determinen si la gente que embarca está libre o no de covid. Ni caso me hicieron y ahora ha muerto un hombre”, lamenta el armador.
El razonamiento de Busto es el siguiente: “Los barcos que pescan en aguas comunitarias, como en el que trabajaba el pescador avilesino muerto por covid, son una burbuja en sí mismos. Mientras están faenando, la gente a bordo está aislada y libre de todo peligro de contagio. Haciendo un test a todos los tripulantes en el momento de zarpar se averigua algo importante: si todo el mundo está libre de covid, hay muchos días por delante de seguridad sanitaria; si alguien da positivo, esa persona se queda en tierra”.
Lo que este armador reivindicativo no alcanza a comprender es por qué persiste la sistemática negativa de las autoridades a blindar la salud de los marineros realizando obligatoriamente las pruebas de covid antes de hacerse a la mar. Tampoco comparte el punto de vista de otros armadores que han preferido “mirar para otro lado” cuando les propuso hacer fuerza para conseguir convencer a las administraciones de establecer controles sanitarios para la marinería. Busto es de los empresarios que ha optado por costear de su bolsillo la realización de test de covid a su tripulación, pero son los menos: “Prefiero desembolsar mil y pico euros cada mes en una clínica privada que verme en alta mar y tener que comerme el marrón de afrontar un brote de covid a bordo. Ni como armador ni como patrón quiero asumir esa tremenda responsabilidad de tener en mi mano vidas ajenas”, argumenta.
Según la normativa vigente elaborada por la Secretaría General de Pesca en colaboración con el Instituto Social de la Marina (ISM), “el patrón [de cada barco] deberá verificar, previo al embarque, que los tripulantes no han tenido contacto estrecho con casos posibles, probables o confirmados de covid-19 y en caso de que exista este tipo de contacto aplazar su embarque; la ausencia de sintomatología (sin tos, sin problemas respiratorios, ni fiebre) y comprobar la fiebre con un termómetro –la temperatura debe ser menor de 37º C”.
Este sucinto protocolo es “insuficiente” a ojos de Guillermo Busto, que reprocha a las autoridades sanitarias su “aparente desconocimiento de las condiciones de vida dentro de un barco y los enormes riesgos que entraña la pesca de altura en estos momentos de crisis sanitaria”.
