La letrada de la Audiencia Nacional Marta Jaureguízar Serrano ha admitido a trámite la demanda que interpusieron cinco federaciones sindicales contra Alcoa, Grupo Industrial Riesgo, varias de las filiales de ese grupo, el fondo de inversión Parter Capital, su sociedad instrumental Blue Motion Technologies Holding y Alu Ibérica por el desarrollo de la venta de las fábricas de aluminio de Avilés a La Coruña y los hechos acaecidos desde que se formalizó esa operación. La Audiencia ha comunicado a las partes que deben personarse el día 4 de febrero para participar en un acto de conciliación y, en el caso de que finalice si avenencia, se celebrará seguidamente juicio. Así mismo, la letrada da por abierto el periodo de presentación de pruebas. La no personación de los demandados no interrumpirá el proceso judicial.
La venta de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña entre así de lleno en los tribunales. Tras meses de conflicto y protestas de los trabajadores por el “rumbo errático” de la empresa tras haber sido vendida a Parter Capital y luego revendida a Grupo Industrial Riesgo, la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), a través de su Asociación Profesional de Cuadros de Alcoa (CCP-APC), presentó una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra Alcoa –dueña de las instalaciones hasta julio del año pasado–, Parter Capital Group –comprador inicial– y Grupo Industrial Riesgo –actual propietario– por su supuesta implicación en la venta “irregular” de las plantas de Alu Ibérica. Posteriormente se adhirieron las federaciones de industria de CC OO, UGT y USO y la Confederación Intersindical Galega.
La querella insta a la Fiscalía a que investigue el “plan maquinado” por los querellados, que supuestamente consistía en trasladar la titularidad de las dos fábricas a un fondo inexistente denominado, Grupo Industrial Riesgo, a través de System Capital Management, “sin histórico financiero y sin la solvencia necesaria para desarrollar la actividad industrial, poniendo en riesgo inversiones superiores a 40 millones de euros, comprometidos por Alcoa” en el contrato inicial de venta a Parter.
Debido a esa operación y a la gestión posterior de las fábricas, los sindicatos sostienen que está en riesgo la continuidad de más de 600 trabajadores y una importante afección económica en las comarcas donde se encuentran situadas las plantas.
Las irregularidades que se han ido produciendo en el último año, aseguran los promotores de la demanda, “alcanzan presuntos delitos de estafa, alzamiento de bienes, actuar contra la seguridad de los trabajadores, así como por apropiación indebida e insolvencia”, afirman las mismas fuentes sindicales.
En la querella criminal se asegura que “nunca tuvieron intención de aplicar un plan industrial comprometido con los trabajadores, sin que se haya realizado hasta la fecha ninguna de las inversiones previstas en el plan estratégico del acuerdo de venta, condenando a las empresas a su desaparición, abocando a los trabajadores a acudir al Fogasa para poder cobrar el subsidio de desempleo”.
Alu Ibérica comunica a la empresa de limpieza que prescinde de sus servicios y luego rectifica
La dirección de la fábrica avilesina de Alu Ibérica, en manos de Grupo Industrial Riesgo, comunicó en el día de ayer a los responsables de Jofrasa, la subcontrata avilesina encargada de la limpieza, que prescindía de sus servicios y que, en consecuencia, sus trabajadores no tendrían permiso para entrar de tarde a hace su trabajo; tampoco se autorizaría la salida de maquinaria de las instalaciones. Semejante anuncio motivó la inmediata reacción de los miembros del comité de empresa de Alu Ibérica, que hicieron ver la “irresponsabilidad” de prescindir de la empresa de limpieza en plena pandemia de covid: “El personal de Jofrasa es el que se ocupa de limpiar y desinfectar los baños, vestuarios y demás zonas comunes, ¿en qué cabeza cabe impedirles hacer su trabajo”, manifestó el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz. Ya fuera por la protesta sindical o por otro motivo, la dirección de Alu Ibérica –que declinó facilitar su versión de lo ocurrido a este diario– rectificó su decisión a primera hora de la tarde y la entrada del personal de Jofrasa fue posible. No obstante, el trabajo de esta empresa tiene los días contados: debido a los impagos –se le deben más de 400.000 euros–, la dirección de Jofrasa ha comunicado que a partir del 15 de diciembre desiste del contrato.
Acusación sindical
- Insolvencia. Según los sindicatos, el fondo denominado Grupo Industrial Riesgo, a través de System Capital Management, “carece tanto de histórico financiero como de solvencia”.
- Inversiones comprometidas. La gestión de Grupo Riesgo “pone en peligro las inversiones superiores a 40 millones de euros comprometidas por Alcoa para la venta”.
- Comisión de delitos. Medios sindicales presumen la existencia de delitos de estafa, alzamiento de bienes, apropiación indebida, insolvencia y actuar contra la seguridad de los trabajadores.
- Afectación al empleo. Está en riesgo, señalan los sindicatos, el empleo de más de 600 trabajadores y una importante afección económica en Avilés y La Coruña
