El comité de empresa de Alu Ibérica da por sentado que, a la vista del “demoledor informe” elaborado por los interventores judiciales, la Audiencia Nacional impondrá una administración judicial como medida garantista del futuro de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña y en ese sentido solicitó ayer al Ministerio de Industria que proponga el nombramiento como administradores de técnicos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en atención a los conocimientos específicos del sector que tienen los mismos. Así se planteó ayer en el transcurso de una reunión telemática en la que participaron representantes del Ministerio de Industria y de la Abogacía del Estado, de la Consejería de Industria del Principado y de los ayuntamientos de Avilés y Gozón.
Esta petición persigue, según el presidente del comité de trabajadores de Alu Ibérica (antigua Alcoa), José Manuel Gómez de la Uz, “poner al frente de las plantas a personas familiarizadas con el entorno industrial, capaces de comprender los procesos productivos que aquí se llevan a cabo y tomar decisiones con conocimiento de causa para mantener la actividad y, sobre todo, evitar un mayor deterioro de las instalaciones de cara a su aprovechamiento futuro”.
Gómez de la Uz agradeció la iniciativa del Ministerio de Industria de haber convocado la reunión de ayer, que tenía como objeto analizar la sentencia de la sala de lo social de la Audiencia Nacional que da por fallida la venta de las fábricas de aluminio de Avilés y La Coruña y reconoce el derecho de los trabajadores a ser indemnizados con las cantidades acordadas en su día con Alcoa, muy superiores a las que les corresponderían en caso de despidos ordinarios. Pero ese agradecimiento, según el presidente del comité, “no quita para que hayamos advertido al Ministerio de Industria de que la Justicia no va a dar una solución industrial a las fábricas de Avilés y La Coruña, pues ésa tiene que proporcionarla el Gobierno y por eso le instamos a seguir trabajando para encontrar una salida de este túnel en el que nos han metido con su consentimiento”.
En Oviedo, la diputada nacional de Ciudadanos por Cádiz María del Carmen Martínez mantuvo una reunión con los representantes sindicales de Alu Ibérica y al término de la misma recriminó al Gobierno “haber permitido que una empresa insolvente (en alusión a Grupo Riesgo) agravase el problema creado por el parche de la venta de las fábricas de Alcoa”. La diputada exige ahora al Ministerio de Industria “que arregle lo que consintió, pues queda tiempo para hacerlo”.
