Duro revés el Plan de Baterías. El Tribunal de Contratos, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha admitido el recurso que presentó la empresa Erri Berri a la adjudicación del contrato de desmantelamiento y demolición de las instalaciones a la UTE vasco asturiana Lezama-Los Álamos y anula el procedimiento, lo que obliga a la sociedad estatal Sepides a volver a la casilla de salida.
El organismo concluye, como defendía Erri Berri en su recurso, que se ha incumplido la Ley de Contratación del Sector Público puesto que una persona que redactó el pliego formó parte de la mesa de contratación y realizó el informe técnico de valoración. Entre otros argumentos, la sociedad defendió que esto se produjo por la escasez de personal, un motivo que para el Tribunal de Contratos "no es causa suficiente", puesto que la ley establece que no es posible redactar un pliego y estar en la mesa de contratación.
La resolución es definitiva en vía administrativa y solo cabe recurso ante la Sala Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.
Erri Berri había planteado en su recurso una amplia batería de supuestas irregularidades. Defendió, entre otras cuestiones, que se debía haber excluido a Lezama-Los Álamos del concurso porque el objeto social de las empresas que la forman no contempla las prestaciones del contrato (Los Álamos no tiene en su objeto social la demolición, derribo o desmantelamiento y Lezama no tiene la compra venta de materiales), que las declaraciones responsables estaban firmadas con posterioridad a la finalización del plazo inicial o que la valoración de las ofertas fue "errónea y discriminatoria, en perjuicio de Erri Berri".
También cuestionó esta empresa que "la valoración de las ofertas técnicas se hizo primando aspectos que únicamente la UTE" Lezama-Los Álamos "podía conocer" y relacionada con el conocimiento del emplazamiento. Los Álamos, detalla el informe de Erri-Berri, "forma parte del grupo Orejas, del que también forma parte la empresa Química del Nalón". "Esta empresa y PEPA firmaron un contrato para que la empresa Deganta Aguas (creada por Química del Nalón) explotase la planta de tratamiento tecnológico de vertidos del complejo industrial de Baterías de coque y gasómetros de Avilés. La adjudicación no fue procedimiento abierto. PEPA contrató a Lezama Demoliciones la ejecución de la obra, descontaminación y gestión y residuos para el desmontaje y retirada del rack de vapor norte y otras líneas en el ámbito urbanístico AD3 en el PEPA. El precio de ese contrato fue insignificante para la entidad del contrato y facilitó a la empresa que ahora forma parte de la UTE el conocimiento sobre el emplazamiento que no estaba al alcance del resto de licitadores que tuvieron que elaborar su oferta sobre la base de la información mucho más limitada proporcionada por las visitas, muy restringidas y limitadas en número al emplazamiento y por el anteproyecto"
El contrato salió a licitación en 15,6 millones y el Parque Empresarial Principado de Asturias se lo adjudicó de forma provisional a Lezama Los Álamos en 6,5 millones, la diferencia entre el importe global de la obra (13,7 millones, sin contar impuestos) y lo que se obtendrá por la enajenación de materiales y residuos (7,1 millones). Sepides dio su visto bueno a la adjudicación provisional del contrato en un consejo de administración celebrado a finales de marzo en Madrid, una vez que la Abogacía del Estado concluyó que no existían “razones jurídicas que avalen la renuncia a la celebración del contrato o el desestimiento del procedimiento de contratación” por la denuncia interpuesta ante Fiscalía contra el exdirigente socialista Álvaro Álvarez, presuntamente por ofrecerse a una de las empresas que conforman la UTE Lezama-Los Álamos para influir en el resultado de la licitación. La Fiscalía no había apreciado tampoco indicios de que los hechos denunciados, que salpican a Álvaro Álvarez, hubiesen influido en el procedimiento.
