El Ministerio Público quiere que el exdirigente socialista Álvaro Álvarez, declare ante un juez como investigado por un presunto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía ve indicios de delito contra el exviceconsejero de Administración Pública, denunciado a finales de enero por tratar de influir, supuestamente, en la adjudicación del contrato de la demolición de las baterías de coque. La Sección Territorial de Avilés ha formulado denuncia por un delito de tráfico de influencias al considerar que existen indicios suficientes de que Álvarez se ofreció a influir, a cambio de una contraprestación económica, en la adjudicación del contrato de desmantelamiento y enajenación de materiales y residuos de las baterías de coque de Avilés, que salió a licitación en 15,6 millones. Álvarez, jubilado desde hace un año, reitera que no cometió irregularidad alguna. “No he intermediado ni influido para favorecer en el concurso de las obras en los terrenos de las antiguas Baterías”, incidió ayer.
El escrito enviado a un juzgado de instrucción es el resultado de las diligencias de investigación incoadas el pasado enero por la Fiscalía tras la denuncia interpuesta en Avilés por el presidente de la mesa de contratación constituida para licitar el contrato. La Fiscalía solicita al juzgado que, dentro de las diligencias necesarias para la comprobación de los hechos, se tome declaración al denunciado en calidad de investigado. Hasta ahora, Álvaro Álvarez no ha tenido comunicación alguna del juzgado ni ha sido citado.
Una vez recibida la denuncia de la Fiscalía, el Juzgado deberá pronunciarse sobre su admisión a trámite y, en caso afirmativo, incoar las correspondientes diligencias previas, llamando a declarar a investigado y testigos. En este marco, tras la finalización de la instrucción judicial de la causa, la Fiscalía formulará escrito de acusación si se considera que existen pruebas suficientes contra Álvarez.
El delito de tráfico de influencias consiste en influir en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de la posición que se ostenta para conseguir, de forma directa o indirecta, un beneficio económico. Está recogido en el artículo 430 del Código Penal, dentro de los delitos contra la administración pública, y está castigado con la pena de prisión de seis meses a un año.
Los hechos objeto de investigación se remontan al pasado 31 de diciembre. Ese día se produjo un encuentro en Avilés entre el representante de una de las empresas que optan al contrato en liza y el exlíder socialista, que solicitó la suspensión de militancia temporal del partido cuando trascendió la denuncia. Esta recoge que Álvarez se ofreció a mediar en el concurso a cambio de una comisión. Él, en cambio, viene defendiendo que se produjo “un encuentro informal con representantes de Lezama Demoliciones y una empresa local del sector (a iniciativa de ésta última como contratista habitual de Lezama en Asturias) debido al interés del primero en conocerme y de ambas en conocer mi opinión sobre el proceso de adjudicación de las obras que Sepides desarrolla en los terrenos de las antiguas Baterías”. Para entonces, el proceso ya estaba avanzado y la UTE en cuestión partía ya como favorita al haber obtenido mejor puntuación que el resto de aspirantes.
Desde entonces, el procedimiento está suspendido y la propietaria de los terrenos (Sepides) está a la espera de un informe jurídico de la Abogacía del Estado para decidir si sigue adelante con el procedimiento o toca empezar de cero. La sociedad estatal no ve injerencias en el concurso, pero está siguiendo el protocolo interno que se activa ante situaciones como esta.
El Proyecto para la transformación urbanística del ámbito de Baterías, valorado en unos 40 millones, se estructuró en cuatro grandes bloques. Se han llevado a cabo todos los trabajos correspondientes a la primera fase: se han contratado los servicios de mantenimiento, el de vigilancia y la asistencia técnica en materia de Prevención de Riesgos Laborales y el Plan de Autoprotección. También se han acometido las obras necesarias para independizar los suministros: eléctrico (en ejecución), agua, nitrógeno y el tratamiento de las aguas Pluviales potencialmente contaminadas.
La fase dos comienza con la contratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras de desmantelamiento de las instalaciones y de la adjudicación, ahora parada a la espera del informe jurídico. En paralelo a este proceso de desmantelamiento, se desarrollarán los trabajos relacionados con la descontaminación y remediación de suelos y aguas subterráneas, enmarcados en la tercera fase.
Desde septiembre de 2019 se está trabajando en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, la cuarta fase. Se inició la tramitación urbanística y ambiental al final del primer trimestre de 2020 con el objetivo de alcanzar la aprobación definitiva de este instrumento de planeamiento en el primer trimestre de 2022. Con el planeamiento aprobado se procederá a la contratación del proyecto de urbanización y su tramitación, labores que se desarrollarán durante todo el año 2022 y mitad de 2023. Con el proyecto de urbanización aprobado, se podrán contratar y ejecutar las obras de urbanización. Este proceso se desarrollaría a lo largo de 2023 hasta principios de 2024. En condicional, porque todos estos plazos son ahora provisionales al encontrarse la segunda fase en el aire.
