El administrador judicial de la empresa Alu Ibérica, el economista y abogado coruñés Ramón Juega Cuesta, no ha encontrado más dinero en las cuentas esqueléticas que lleva analizando desde el 9 de agosto que aquel que empleó para abonar a la plantilla de las dos fábricas la nómina de agosto, la de julio a los que habían quedado descolgados y, además, la paga extraordinaria de verano.
La situación es tan grave que ayer propuso a los representantes de las cuatro secciones sindicales con asiento en el comité de empresa de la fábrica de San Balandrán la necesidad de regular a toda la plantilla. Esto, el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), va a ser el asunto principal de una asamblea general prevista para el próximo lunes. “Será una asamblea informativa porque no tenemos nada que votar”, se lamentó José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité.
La situación que Juega Cuesta ha propuesto para Avilés corre pareja con la que presentó el jueves a los representantes de La Coruña. La cosa está tan peligrosa que, aseguró el representante judicial, que no se puede seguir ampliando las deudas de la compañía. Debe a todo el mundo tanto que se ha quedado sin servicio médico, sin limpieza y sin servicio de transporte. Y ha rozado por dos veces el apagón de energía en las instalaciones frabriles.
Juega anunció a los trabajadores avilesinos, que actualmente se encuentran de permiso retribuido (en teoría, en casa, pero cobrando), que no garantiza que vayan a cobrar la próxima nómina, la que corresponde al mes de septiembre y que debería estar en las cuentas corrientes de la plantilla el próximo día 28.
No lo garantiza porque Juega dice que no encuentra el dinero que los propietarios de la fábrica (la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo) aseguran disponer (al menos eso es lo que le comunicaron a la instructora del caso de descapitalización fraudulenta por el que Víctor Rubén Domenech y su socia Alexandra Camacho fueron detenidos el pasado 4 de marzo, cuando la Policía Nacional entró en las sedes sociales de todas las compañías de los dos propietarios intervenidos). La razón de que Juega Cuesta no encuentra el capital indicado en la empresa es lo que está investigando la Audiencia Nacional.
Así que Alu Ibérica está al borde del abismo y se hace cruces para que no haya un mal viento que dé con las instalaciones fabriles en la sima hacia la que la condujo la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo. Las consecuencias de su gestión son largas: el final de la actividad de las instalaciones (el 4 de julio, por orden de Domenech al, entonces, su hombre de confianza en la fábrica) es sólo la principal.
La regulación propuesta tiene que ser inmediata. Los plazos aún no se han abierto (esto quedará para la semana que viene). El período de negociación es de quince días, pero su aprobación no depende de que haya o no acuerdo con los trabajadores, es decir, la empresa puede aprobar el ERTE sin dificultades. Lo que ha transmitido Juega a los trabajadores es que su intención es que exista ese acuerdo.
La tarea que tiene entre manos es encontrar la financiación que permita abrir poco a poco los talleres, que mientras eso suceda, las instalaciones están bajo la economía de emergencia (con todo al mínimo, también el consumo de energía). Juega Cuesta desveló que el Ministerio de Industria le había comunicado la existencia de postores sobre la fábrica, pero también admitió que desconocía qué sociedades eran postulantes. En todo caso, aclaró, Juega Cuesta está en disposición de vender la fábrica actualmente, es decir, con él como administrador judicial (no es precisa el cambio a administrador concursal). Ahora es la jueza instructora la que tiene que dar el permiso pertinente. Mientras la crisis llegue a este punto, los trabajadores de Alu Ibérica ya saben que en unos días no van a cobrar.
