Tres horas después de comenzar el encuentro entre el Ministerio de Industria y los trabajadores de la empresa Alu Ibérica “se ha constatado la gran estafa de los tres últimos años: la gran estafa de Alcoa, la gran estafa de Parter y de Riesgo y la gran estafa del Gobierno de España que nos ha mentido desde el primer día”, aseguró José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de la aluminera avilesina.
Y es que ayer, Raúl Blanco, el secretario general de Industria, admitió que su departamento ha contactado con siete inversores (cuatro grupos internacionales y tres nacionales) y, a la vez, admitió también que ninguno de estos inversores ha presentado oferta alguna por la fábrica en proceso de liquidación desde esta misma semana. “No hay nadie que quiera hacerse cargo de la plantilla actual”, recalcó De la Uz.
Por su parte, Juan Carlos Aguilera, el director general de Industria del Principado, también estuvo presente en el encuentro telemático. “El Ministerio ha confirmado que sí existen interesados en comprar las instalaciones de Alu Ibérica y que sí hay planes industriales”. Dijo, además, que cinco de ellos “han manifestado positivamente que ya tienen un plan industrial”.
No dijo nada de qué ofertas están barajando. De la Uz apostilló: “Nos han dicho que una vez que nos liquiden a todos el que venga podría hacerse cargo de parte de nosotros”. El Ministerio de Industria, a este respecto, señaló buscará una empresa de recolocación para los trabajadores que se “puedan quedar fuera de los posibles contratos que haga el futuro inversor”.
Aguilera apostilló que el Gobierno del Principado de Asturias ha pedido que se realicen las gestiones “con la mayor urgencia para que pueda hacerse público quiénes son los inversores interesados en la planta”.
El Ministerio insiste: “La SEPI no puede intervenir en la aluminera”
En el encuentro estuvieron también presentes el jefe de Gabinete de la Ministra Reyes Maroto, Juan Antonio Díaz Bidart, y, además, el consejero de Industria del Principado, Enrique Fernández. Teniendo esto en cuenta, el que primero tomó la palabra no fue ninguno de ellos: fue un abogado del Estado que, según señalaron los asistentes a la reunión consultados por este periódico, empleó buena parte de su intervención en explicar qué significa que una empresa esté en concurso de acreedores y qué es un expediente de regulación de empleo por extinción de contratos. Además, explicó la situación legal en que se encuentran las distintas causas abiertas por los sindicatos (la penal y la social).
Tras este preludio “incomprensible” para los trabajadores, los responsables políticos trataron de convencer a la plantilla de que la mejor opción es admitir el despido colectivo (conlleva 20 días por año trabajado) porque es el modo más efectivo de que los trabajadores puedan beneficiarse de la sentencia dictada por la sala de lo social de la Audiencia Nacional (pendiente del Supremo) en la que ordenaba retrotraer la crisis al día en que se firmó el plan social de Alcoa (despidos con 60 días por año trabajado).
Todo esto lo resumió De la Uz con estas palabras: “Nos han dicho que lo mejor es que nos echen a todos, a ver si nos contratan después nos contrata alguien con un proyecto muy guay que ellos van a estar vigilando”.
El Ministerio también ha explicado a la plantilla que, en una subasta de las unidades productivas de Alu Ibérica, “se valorará que las ofertas incluyan la recolocación de los trabajadores afectados por el ERE”. O sea, que “digamos sí a irnos a la puta calle”.
Los trabajadores de Alu Ibérica se sienten como muñecos de pimpampún de la crisis del aluminio desde hace tres años, cuando estalló la crisis del aluminio, cuando la multinacional Alcoa descubrió sus cartas: iba a cerrar sus fábricas de Avilés y La Coruña y echar a la calle a todos sus trabajadores.
En esta situación, el Ministerio de Industria –en pleno período electoral– cogió el rábano por las hojas y vigiló un proceso de venta que finalmente resultó objeto de una investigación por parte de la Audiencia Nacional. La plantilla empezó a reclamar entonces que la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) tenía que tomar el control de una fábrica dedicada a un sector que después fue declarado imprescindible. El Gobierno entonces dijo que no era el momento para que el grupo estatal diera ese paso. Ayer volvió a confirmar lo mismo, pero con otros argumentos: “La SEPI no puede en estos momentos intervenir la planta porque no se dan las condiciones debido al proceso concursal y al procedimiento penal abierto contra los antiguos propietarios”.
El concurso de acreedores está abierto el día 13 de diciembre. “¿Quieren decir que antes sí que había podido ser posible?”, se preguntó De la Uz. El procedimiento penal está abierto por los sindicatos con el fin de salvar el futuro “y ante la inoperancia de las autoridades”, replicó el presidente del comité de empresa. “¿Si no hubiéramos abierto los procesos la SEPI sí que podría haber entrado?”
El último rejonazo a los trabajadores del aluminio se dio en Madrid. Este mediodía, los trabajadores están llamados a una asamblea general delante de la portería de la fábrica. Poco antes, el consejero de Industria, Enrique Fernández, tiene previsto ofrecer una rueda de prensa para explicar cómo está Alu Ibérica (en plena liquidación, con sus trabajadores amenazados por un despido colectivo, sin producción y con siete grupos llamando a la puerta con timidez y sin concreción).
La vertiente política de esta crisis (la amenaza de reprobación que se cierne sobre Fernández) sigue viva también hoy. El grupo parlamentario de Podemos tiene previsto verse con una delegación del comité de empresa. Serán los terceros tras Izquierda Unida y Partido Popular.
Los gestores concursales pagan la primera deuda: las últimas nóminas de la plantilla
Los administradores concursales –Miguel Gómez Gordillo y GdP Legal– abonaron ayer a los trabajadores de Alu Ibérica en Avilés el dinero correspondiente a los últimos 30 días hábiles anteriores a la activación del concurso de acreedores. Este se activó el pasado día 13 de diciembre, así que, según señala la ley concursal, los gerentes designados han tenido que buscar el dinero correspondiente al período que empieza el 13 de noviembre.
El abono de esta deuda tiene un límite: el doble del salario mínimo interprofesional (SMI). Recientemente, este límite se ha incrementado de tal modo que los trabajadores que cobren en 14 pagas obtendrán 950 euros cada mes. El dinero que los administradores concursales han conseguido ha sido fruto de la venta de chatarra (ellos lo llaman activos ociosos).
La deuda contraída con los trabajadores, de tal modo, alcanzó los 350.000 euros. Con el sobrante adquirido tras la venta de chatarra (los propietarios dejaron las cuentas de la empresa casi a cero) los administradores concursales lo invertirán en abonar parte de la deuda contraída con proveedores de servicios imprescindibles tales como la seguridad.
En este mismo orden de cosas, los trabajadores han solicitado al magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Oviedo una audiencia con el fin de transmitirle el punto de vista de los trabajadores sobre la necesidad del despido masivo que los gestores concursales propusieron a los representantes de los trabajadores el pasado día 30 de diciembre.
Los trabajadores actualmente se encuentran regulados temporalmente por iniciativa del administrador judicial, el abogado coruñés Ramón Juega. Vaciar la empresa del personal, dicen los concursales, aliviará la deuda del día a día de Alu Ibérica.
