La empresa Alu Ibérica, que se encuentra sin actividad y en una situación de insuficiencia de masa (falta o ausencia esperada de patrimonio de la empresa deudora) desde hace, al menos, once meses, puede respirar tranquila algunos meses. Y es que el magistrado titular del Juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo acaba de autorizar a la multinacional norteamericana Alcoa a pagar a sus empresas sucesoras –las dos Alu Ibérica: la de La Coruña y la de Avilés– una cifra semejante de millones de euros –en torno a 3,5 a cada una de ellas– correspondientes a las ayudas compensatorias por costes de emisiones indirectas de CO2 a las dos exalumineras de 2016 y 2017.

Este ingreso, que le corresponde a la compañía que actualmente se encuentra en concurso de acreedores y con sus propietarios incursos en una investigación penal como presuntos autores de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal, no se va a emplear a liquidar los créditos por orden de vencimiento (no puede ser: por tener insuficiencia de masa, precisamente). En cuanto llegue a las cuentas de la antigua aluminera va a seguir el orden de "prelación". El orden de prelación lo señala el juez que vigila la causa de disolución y significa que da prioridad a aquellos gastos que son "imprescindibles". Y estos son: suministros, nóminas, seguros sociales, el seguro del convenio para los trabajadores en nómina (ahora son una decena)... La empresa y la multinacional Alcoa acordaron que el pasado 1 de mayo toda la plantilla pasara al paro a cambio del abono que Alcoa había prometido en enero de 2019 –cuando accedió a poner a la venta sus fábricas de aluminio primario de Avilés y La Coruña–. Este abono trajo consigo la retirada de las denuncias a la compañía multinacional y a sus directivos como presuntos responsables de la venta presuntamente fraudulenta de las fábricas primero a Parter Capital y, más adelante, de Víctor Rubén Domenech y su socia Alexandra Camacho (dos de los cuatro investigados por la Audiencia Nacional).

Este ingreso que va a entrar en la tesorería corresponde a una operación iniciada tanto por Alcoa como la propia Parter. Era una solicitud para las ayudas compensatorias relativas a los costes indirectos de emisiones de CO2. Tras ello, las dos partes se comprometieron a que si el Ministerio de Industria las concedía, Alcoa reduciría el importe de financiación de la compra (Alcoa puso sobre la mesa una gran cantidad de dólares para que Parter se quedara con las fábricas). Si, por el contrario, la administración pública decidiera reclamar la devolución "de una parte o de la totalidad" de las ayudas, la multinacional era la que tenía que pagar una cantidad a los fondos retirados por el Estado. Y eso fue lo que sucedió. Por tanto, a la multinacional le tocaba cumplir con su parte.

Para realizar este ingreso, Alcoa pidió a los administradores concursales (de Avilés y de La Coruña) que solicitaran permiso a los jueces encargados de seguir cada uno de los procesos concursales (son dos empresas independientes). Los jueces lo concedieron.