Imagine que de agua caliente, y solo agua caliente, paga en enero 62 euros en una vivienda ocupada por dos personas. En julio el recibo sube a 185 euros al aplicársele una subida de la que no se informó y una derrama, y en julio otros 167,5 euros.
Esto es lo que les ocurre a unas 150 familias de El Balandro, en El Nodo, que viven en régimen de alquiler en viviendas protegidas construidas por la UTE Arboleya Visoren Norte (AVN) y a los que presta el servicio de agua caliente y calefacción la firma Sermavi, que pertenece al mismo grupo que la constructora. Los inmuebles ocupan terrenos propiedad del Principado, que los ha cedido para levantar las viviendas.
Los vecinos afectados se han constituido en plataforma, para denunciar su caso. Aseguran que cuando la empresa les informó de las subidas, no tenían margen de maniobra y que además sus contratos incluyen una cláusula en la que pagan una cuota fija al mes y, además, un tanto por el consumo de agua caliente y calefacción, que ahora no saben de cuánto es porque no figura el precio por metro cúbico.
Las portavoces del PP, Esther Llamazares, y de Cambia Avilés, Sara Retuerto, comparecieron ayer junto con vecinos afectados para denunciar la situación y anunciaron que presentarán una moción conjunta. Ambos grupos llevarán una moción conjunta al Pleno convocado para el próximo día 19 en la que solicitarán el apoyo del resto de partidos en la Corporación de Avilés para que el Principado intervenga.
"Todos los vecinos han sufrido incrementos, los hay que oscilan desde los 140 euros hasta los 455, un destrozo para cualquier familia que, además, llega sin avisar, sin tiempo de reacción, sin posibilidad de fraccionarse o negociarse con la empresa que les cobra", condenó Llamazares.
Tanto el PP como Cambia Avilés exigen que el Gobierno del Principado se reúna con los afectados para conocer de primera mano la problemática y buscar soluciones.
Sara Retuerto hizo hincapié en que los vecinos que han sufrido estos abusos en sus recibos ocupan las viviendas en régimen de alquiler social. "Exigimos una reunión inmediata con el gobierno del Principado, control y transparencia, analizando las condiciones del contrato y si cabe, una revisión. Y que esas viviendas pasen a ser gestión directa del Principado. No se puede permitir que nadie en el gobierno del Principado haya atendido a los vecinos cuando llevan semanas con esta problemática, tanto aquí como en La Corredoria, en Oviedo", aseguró.
Los vecinos ya están preparando sus demandas y reclamaciones para presentarlas ante Consumo en busca de una solución.
