La concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Avilés, Raquel Ruiz (PSOE), ha presentado esta semana a los grupos de la oposición de la propuesta de ordenanzas fiscales para 2023 y un avance del último presupuesto del mandato.
–El debate de las ordenanzas fiscales está marcado por la subida del recibo del agua (del 10,6%, el IPC de agosto según viene establecido en el contrato).
–El debate de las ordenanzas fiscales no está marcado por la subida del agua sino por la actual situación que estamos viviendo, con una inflación sin precedentes que es posible que se mantenga, al menos, durante los primeros meses de 2023. Eso va a afectar a los gastos, por ejemplo por el incremento de las ayudas que tengamos que hacer para garantía energética, y a la subida de los tipos de interés que tendrá consecuencias en la convocatoria de ayudas al pago de hipotecas. Eso también lo tendría que tener en cuenta la oposición al hacer su propuesta de ordenanzas fiscales.
–¿Es negociable que el incremento sea menor o lo descarta?
– La subida del recibo conforme al IPC es una obligación legal que tenemos que cumplir y no hay ningún tipo de debate sobre ese aspecto. Con el tema del agua no ha habido opacidad en ningún momento. El año pasado se hizo una auditoría del agua que todos los grupos conocieron y se aprobaron medidas encaminadas a recuperar el equilibrio económico del contrato, la compensación de dos millones con cargo al remanente. No fue una decisión unilateral [se aprobó con los votos del PSOE y del PP]. Entiendo que los grupos se están centrando en este debate porque, como oposición, es lo que les interesa. Van a sacar más rédito político hablando del agua que de la decisión del gobierno de congelar el resto de impuestos, que supone un gran esfuerzo y representa la mitad del presupuesto con el que abordar las necesidades de 2023.
–¿Congelan impuestos porque hay elecciones a la vista?
–No, no los tocamos porque no es el momento. Tenemos la salvaguarda de que el Estado nos va a hacer una mayor transferencia. Si no, habríamos tenido que subir impuestos, sin ninguna duda.
–De vuelta al agua, ¿en qué se traducirá ese incremento en los recibos?
–Teniendo en cuenta que el consumo medio de agua en los hogares es de 133 litros, según los datos del INE, hemos hecho unas estimaciones de cómo va a afectar a un consumo medio en una familia de tres miembros, a un local comercial y a un consumo industrial. En caso de una familia de tres miembros, si la media es de 27,8 euros por agua y alcantarillado, la aplicación de este 10,6% por ciento va a hacer que el recibo pase a 30,7 euros (la diferencia trimestral es 2,95 euros y la mensual 0,98 euros). En el caso de un comercio, la diferencia sería trimestralmente de tres euros y, mensualmente, de uno. Y en industria, de 153 euros al trimestre y de 51 al mes.
–Plantean ahora referenciar las bonificaciones de tasas y precios públicos al salario mínimo en vez de al IPREM, una vieja demanda de la confluencia. Pero Cambia Avilés (CA) dice que justo ahora no es el momento de hacerlo.
–Lo hacemos por una adaptación a la situación económica durante estos últimos meses. Hasta ahora aplicábamos el IPREM porque el principal apoyo a las rentas familiares era a través de los presupuestos municipales, con las ayudas directas. El Estado y el Principado están empezando a asumir gastos que dan cobertura a las rentas familiares, como hemos visto con la gratuidad en el transporte público, las ayudas al alquiler, la subida del SMI que afecta directamente al poder adquisitivo de las familias... Están asumiendo un mayor compromiso con los ayuntamientos y por eso van a aumentar las transferencias en un 6% para que podamos presentar un presupuesto el año que viene. Sin esa transferencia tendríamos que recortar algunas partidas de servicios fundamentales como los que acabo de citar. Ahora es el momento porque existe ese mayor compromiso por parte de todas las administraciones en asumir ese cambio en ese indicador.
–Cambia insiste en aplicar el "IBI para ricos". ¿Y usted en no hacerlo?
–Sí. A quien afectaría es a toda la industria que hay establecida en el PEPA y entendemos que no es el momento de lanzar mensajes que puedan afectar a la atracción de inversiones en la ciudad. Este sería uno de ellos.
–¿Cuál es el grado de ejecución del presupuesto actual?
–Del 60%, es una ejecución bastante alta.
–El calendario avanza y hay actuaciones relevantes con cargo a fondos Feder (de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible) que no han empezado a materializarse y con plazos de ejecución largos. Un ejemplo es el de las Casas de Maestros de La Luz. ¿Tienen previsto su impacto en las cuentas si no se ejecutan en plazo, antes del 31 de diciembre de 2023?
–Estamos bastante bien en la ejecución de los proyectos DUSI. En otros ayuntamientos que recibieron financiación de este tipo el grado de ejecución es muy inferior o han renunciado a los fondos Aquí el nivel inversor ha aumentado mucho de un año para otro. De una ejecución de en torno a unos cuatro millones de inversión en 2020 se dobló a ocho en 2021. Se ha agilizado mucho la inversión en este ayuntamiento y los fondos europeos van a ayudar a ello. Hasta ahora, al no tener capacidad presupuestaria, teníamos que financiar esos proyectos en varios ejercicios. Al tener mayor financiación de otras administraciones, podemos agilizar inversiones. Y no creo que vayamos a tener problema con los DUSI.
–¿Se mantendrá el nivel de inversión en el próximo ejercicio?
–El nivel de inversión ahora mismo es muy alto y hay que ver, de cara al año que viene, cómo establecemos el equilibrio entre esas necesidades que vamos a tener. Lo lógico, de cara al año que viene, es centrarnos en terminar las inversiones en marcha y poder destinar más recursos a financiar necesidades emergentes que estamos viendo ahora mismo.
–Cs lleva aprobando los presupuestos año tras año pero parece que en los últimos tiempos la formación naranja está molesta por incumplimientos de lo pactado en ellos.
–La mayoría de los acuerdos sí que se han cumplido. Queda alguna propuesta que no hemos podido ejecutar por los condicionantes que todos conocemos: a una pandemia se sumó la guerra de Ucrania y su repercusión en los costes y suministros y creo que eso es algo que todos tenemos que entender. La ciudadanía lo entiende y los grupos de la oposición también tendrían que hacerlo como representantes de los mismos.
–¿Cuándo tiene previsto presentar el presupuesto?
–Ya estamos avanzando en nuestra propuesta. En cuanto terminemos con el debate de ordenanzas en el pleno de octubre, pasaremos acto seguido a la negociación del presupuesto.
–Dijo en su día que el presupuesto de 2022 iba encaminado a "despejar el camino de la recuperación". ¿Y el que cocina para 2023?
–Sobre todo a dar respuesta a los nuevos escenarios de vulnerabilidad que se van a dar y a poder mantener el funcionamiento de los servicios. Si no llega a ser por las transferencias del Estado no podríamos presentar un presupuesto y no podríamos cubrir el millón más que hace falta para el coste de la energía, tendríamos dificultades para el funcionamiento de la calefacción en los colegios públicos, por ejemplo. Pero para aplicar ese incremento de las transferencias del Estado hace falta un acuerdo presupuestario. Creo que ahí los grupos políticos van a tener mayor responsabilidad, quizás, que en otras ocasiones.
