Últimamente, con pertinaz insistencia, por parte de cierto sector cuya calificación política, de todos conocida, no es el caso analizar, se vienen haciendo apologías idealizadas de la república como forma de gobierno. Se deja bien sentado de antemano por parte de quienes hacen profesión de fe republicana que la república es la perfecta realización del ideal democrático. Aseguran los partidarios de ésta idea que, por el contrario, la monarquía encarna en su propia esencia todos cuantos vicios y defectos pueden darse en la elección de un sistema político. El más notorio de todos estos inconvenientes, al parecer, es la absoluta imposibilidad de que el pueblo se sienta adecuadamente representado por un rey a quien nadie ha votado. Se recalca también el concepto de que la monarquía es un sistema anacrónico, pasado de moda y que ya no puede proporcionar a la sociedad el conjunto de valores modernos que otra forma de Estado, como es la republicana, ofrece a manos llenas.
El manifiesto interés con que ciertos comentaristas políticos insisten en este asunto casa bastante mal con la perspectiva histórica que en España ofrecen los dos intentos republicanos, tanto el de 1873 como el de 1931, los cuales, dicho sea de paso, nacieron de manera irregular y terminaron en sendas catástrofes. Estas fueron debidas exclusivamente y en ambos casos a las insensatas luchas partidistas que frustraron ampliamente las innegables buenas intenciones con que sus patrocinadores los establecieron. También se malograron, por idénticas causas, los intentos de renovación política y social que con el sistema republicano se trataron de poner en práctica, todo ello a pesar de los entusiasmos que el régimen generó en sus inicios.
Pero lo cierto es que por circunstancias quizás fortuitas, actualmente nos movemos en una forma de convivencia política que se ha demostrado eficaz durante los últimos 40 años y que, en vista de los buenos resultados que ha venido dando hasta hoy, no parece que resulte necesario cambiarla por otra, basada únicamente en motivos de una hipotética mayor pureza democrática, cosa que sería cuando menos discutible y, probablemente, mucho menos pragmática que la monarquía constitucional.
Sin entrar en polémicas estériles y que levantan obcecaciones viscerales, no me detendré a considerar qué sistema es mejor, si la monarquía o la república, pero sí diré que, por muy democrático que se pretenda, un presidente republicano estará necesariamente condicionado al sector del que procede y, desde luego, a la parte del censo que lo elige, que será siempre aproximadamente del 50%, y por ello difícilmente podrá ser un árbitro neutral en la lucha política.
Por el contrario, un rey no procede de ningún partido. Su responsabilidad constitucional está limitada a los actos que el refrendo del Gobierno democráticamente elegido decida. Sus funciones son meramente representativas, a la vez que garantizadoras del cumplimiento de las leyes, especialmente de la fundamental, es decir, de la Constitución. Desde que nace se le educa para prestar este servicio y en países como Bélgica, Noruega, Inglaterra, Luxemburgo, Suecia, etcétera, nadie cuestiona los buenos resultados que ha venido dando una Jefatura del Estado que es independiente y ajena a la lucha política partidista, por lo que en dichos países nadie se plantea seriamente la continuidad de la monarquía.
En los dos ejemplos españoles republicanos ya citados hemos visto cómo las implicaciones de los presidentes en el juego partidista arruinaron la buena marcha y el normal desenvolvimiento de los asuntos del Estado, pero es esta cuestión en la que me parece inútil insistir.
La Jefatura del Estado, en su independencia, no debe tener ningún programa político, no tiene que hacer promesas electorales, no tiene que cumplir compromisos con clientelas políticas. Para esta labor están los partidos (con sus poco democráticas listas cerradas) y, precisamente por eso, mantener fuera de la lucha política al árbitro de esta contienda me parece mucho más práctico e inteligente que implicarle ya directa, ya indirectamente, en los rifirrafes cotidianos a los que nos tienen acostumbrados los políticos profesionales. Estos se empecinan en una lucha por el poder que los llena a diario de desprestigio. Por ello es bueno que estas salpicaduras no lleguen jamás a la Jefatura del Estado.
Pero en España somos así. Cuando tenemos algo que funciona razonablemente bien, queremos cambiarlo y para ello invocamos todos cuantos lugares comunes se nos ocurren. Ahora parece que toca el turno de cambiar el sistema monárquico, con una evocación beata y nostálgica de las pasadas virtudes republicanas, olvidando sorprendentemente que de las dos anteriores ocasiones en que ensayamos la solución republicana quedan, por desgracia, pocas cosas de grato recuerdo.
Pero si es verdad que a la tercera va la vencida, a lo mejor sucede que con el empeño de algunos en mantener la monarquía, estamos renunciando a la felicidad política para todos (¡ah!, y para todas).