Debe uno de abstenerse de intentar meterse en aquello que no entiende o no es de su competencia. Esta sería mi respuesta a los ataques al Tribunal de Cuentas de los últimos días.
El Tribunal de cuentas en virtud del artículo 136 de la Constitución tiene como función, la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del sector público y por otra el enjuiciamiento de la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos.
Para incurrir en responsabilidad contable ha de producirse un daño a los fondos públicos, al no respetarse las obligaciones impuestas por las leyes de la contabilidad pública y del régimen presupuestario aplicable al Sector Público de que se trate. Es una jurisdicción esencialmente resarcitoria de ahí la importancia de concretar que daños y perjuicios que se han causado. Así el artículo 59.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas dice: “Los daños determinantes de la responsabilidad deberán ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales o efectos”. Ésto exige que debe de ser un daño real y no potencial.
De lo dicho anteriormente se desprende algo lógico, ¿quién/ quienes puede incidir en responsabilidad contable? Respuesta: quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos. El Tribunal de Cuentas, según la Constitución es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Cualquier intento de menospreciar su función o de restarle importancia, es agrandar la idea de que estamos en una democracia sin ley.
El Ministro Ábalos dijo que las causas de altos cargo de la Generalitat de Catalunya en el Tribunal de Cuentas “son piedras en el camino”. Comprobar que el dinero público, aquel que es de todos, se ha gastado en lo que por ley se tiene que gastar, incomoda, molesta o retrasa que el ejecutivo, es decir, el gobierno del Sr. Sánchez, cumpla con su “hoja de ruta”.
El procedimiento seguido hasta ahora es el legalmente establecido: después de las diligencias previas, después del acta de Liquidación provisional, de finalizada la fase de Instrucción y a la espera del juicio, se ha pedido una fianza como medida para asegurar el cumplimiento de una futura sentencia condenatoria, no olvidemos la finalidad resarcitoria de la Jurisdicción contable del Tribunal. Lógicamente el Tribunal de Cuentas en su Acta de Liquidación Provisional ha visto que los hechos examinados (gastos de recursos públicos en promoción del independentismo catalán) reúnen los requisitos que según la Ley 7/1998, de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas son necesarios para generar responsabilidad contable por alcance y desde un punto de vista subjetivo esos actos se atribuyen a las personas que se les ha exigido fianza.
Los intentos de desprestigio del Sr. Aragonés, del Ministro Ábalos, de Pedro Sánchez, y todos los demás, no son sino un intento de desviar la atención , de eludir el control de un órgano que nunca había molestado tanto como en éstos días. “O estás conmigo o tengo que eliminarte”, ese parece ser el mensaje.
Todo el poder jurisdiccional ha sido cuestionado desde los círculos afines al independentismo y hay algo que no conviene olvidar, no hay democracia sin ley, el control genera autocontrol y si ahora se vuelve a intentar ver la exigencia de una fianza, que es aplicación exquisita de la Ley del Tribunal de Cuentas, como una medida injusta, desproporcionada o ilegal, se está faltando a la verdad.
Recuerdo unas palabras de la periodista y escritura turca Ece Temelkuran: “No nos aburre la política, sino la impotencia que genera que, desde los años 80, seamos en realidad objetos políticos y no sujetos políticos” . No puedo estar más de acuerdo al igual que cuando dijo: “El orgullo y el respeto que reclaman los populistas son caballos de batalla que en realidad esconden represión e intolerancia”.
Creo que se adapta perfectamente a lo vivido en los últimos tiempos con el independentismo, su victimismo, su exigencia de respeto, su continuo desprestigio de las instituciones, … la infantilización del mensaje ha convertido al nacionalismo catalán en un movimiento populista que encierra una gran dosis de intolerancia hacia todo aquello que se opone a su discurso u objetivo. Lo sorprendente es que ahora el gobierno central se ha convertido en el cómplice necesario en esta estrategia. Zapatero a sus zapatos, o dicho, en otros términos, la separación de poderes, que quizá sea claramente mejorable en nuestra democracia, pero sin duda, lo sucedido en los últimos días con los ataques al Tribunal de Cuentas deja poco espacio a la esperanza al menos, a corto plazo.
