La fiscalía se querella contra el alcalde de Aller y su antecesor por prevaricación

El ministerio público afirma que David Moreno y Gabriel Pérez Villalta concedieron subvenciones desde 1997 de forma arbitraria y sin control a una asociación deportiva

La fiscalía se querella contra el alcalde de Aller y su antecesor por prevaricaciónF. RODRÍGUEZ

La fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) presentará una querella contra el alcalde de Aller, David Moreno, y su antecesor en el cargo, Gabriel Pérez Villalta (ambos del PSOE) por un presunto delito "continuado" de prevaricación. El ministerio público abrió diligencias por una denuncia del PP sobre los "pagos irregulares" que se habían efectuado a una asociación del concejo que organizaba actividades en el polideportivo de Sotiello. Los populares señalaban que desde 2011 se habían tramitado pagos "sin control" por valor de más de 150.000 euros. La fiscalía va más allá y data el inicio de la irregularidad en el año 1997.

El ministerio público asegura que "desde el mes de noviembre de 1997 hasta el 10 de junio de 2011, Gabriel Pérez Villalta y, desde el 19 de julio de 2011 hasta el 12 de febrero de 2014, David Moreno Bobela, ambos como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Aller, han dictado resoluciones mensualmente concediendo subvenciones a a la asociación (Asociación para la Enseñanza y la Promoción del Deporte en Aller) a sabiendas del carácter injusto y arbitrario de esa concesión, pues no se cumplían ningún de los requisitos legales para ello".

El ministerio público suscribe punto por punto la argumentación que había expuesto el PP en su denuncia. Así, destaca que "no se efectuó ninguna convocatoria pública para la concesión de la subvención, por lo que no se respetaban los principios de publicidad y concurrencia competitiva establecidos en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones". "Tampoco se acreditaba el cumplimiento de los supuestos y requisitos para la concesión directa de subvenciones (...) ni se ajustaba a ningún convenio vigente", añade el documento.

La actuación de la entidad tampoco se ajustaba a la legislación vigente. Según la fiscalía "no se acreditaba por parte de la asociación, como beneficiaria, el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, entre ellos el no estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario y justificante de estar al corriente del pago de tributos". Además la "pretendida" justificación del gasto de la Asociación "carecía de los mínimos requisitos para que se pudiese entender producida pues, entre otros extremos, no aportaba facturas de los profesionales". La citada justificación se limitaba a un escrito firmado por el presidente y el tesorero de la entidad deportiva.

Todos estos puntos, según la fiscalía, convergen en la afirmación de que "no resultaba posible garantizar el control eficaz de los fondos concedidos como subvención". El ministerio público también hace referencia a que la secretaria y la interventora municipales habían presentado múltiples reparos e informes negativos, pero los máximos dirigentes locales siguieron concediendo la subvención "en patente, notoria e incuestionable contradicción con el ordenamiento jurídico".

Por todo ello, la fiscalía de TSJA considera que "los hechos relatados son constitutivos de un delito continuado de prevaricación". Señala que la competencia para el conocimiento de estos hechos corresponde a los Juzgados de Instrucción de Lena y por ello el Fiscal instructor decidió "formular la correspondiente querella contra Gabriel Pérez Villalta y David Moreno Bobela por delito continuado de prevaricación".

La fiscalía hizo llegar ayer su resolución a las partes y el PP de Asturias no tardó en darlo a conocer. La diputada regional popular Emma Ramos señaló que "la respuesta de la fiscalía deja claro que el PP es un partido serio, que actúa con coherencia y que tiene entre sus objetivos el mirar por la correcta administración de los bienes públicos".

El PP pide la dimisión

El PP de Aller se ha mostrado tajante tras conocer la resolución de la fiscalía. El presidente de la junta local, Juan Sutil, señaló ayer que "estamos hablando de muchos miles de euros. Si la persona que está encargada de gestionar estos fondos no los está gestionando bien, lógicamente hay que pedir que no los gestione. La forma política es pedir la dimisión". En este punto, Sutil quiso dejar claro que "el PP de Aller había denunciado públicamente y en los plenos estos pagos irregulares sin recibir ninguna respuesta aclaratoria por parte del Alcalde. Llegó a decirnos que fuéramos a los tribunales si no estábamos de acuerdo con la fórmula mediante la que se ofrecían los servicios".

El PP acudió a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y su decisión tuvo consecuencias. El polideportivo de Sotiello estuvo sin actividades deportivas durante unas semanas, hasta que el Alcalde firmó un convenio con distintos clubes deportivos. "Es una prueba de que estas cosas, si se quiere, se pueden arreglar", añadió Juan Sutil. El portavoz del grupo municipal del PP, Juan Antonio del Peño, aseguró que "la denuncia ante la fiscalía fue la única salida que el Alcalde nos dejó libre". "En nuestro programa electoral llevábamos como principal objetivo la transparencia en la Administración local y el control exhaustivo en el gasto del dinero público. Eso es lo que estamos haciendo", afirmó Juan Antonio del Peño.

Los representantes del PP se mostraron "satisfechos" con la resolución de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y ahora esperarán a que se presente la correspondiente querella ante el Juzgado de Primera Instancia de Lena. Cuando la instrucción esté en marcha los populares decidirán si se personan en la causa, señaló la diputada regional del PP Emma Ramos, que ayer se desplazó a Moreda para anunciar la resolución del fiscal.

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