Candás, B. FERNÁNDEZ
El Ayuntamiento de Carreño ha adjudicado las labores de demolición de la cubierta de la casa del Camino del Faro de Candás, ilegalizada por un juez. Con esta medida, las obras podrán comenzar de forma inmediata, aunque aún se está pendiente del desalojo por parte de una de las dos familias que habitan el número cinco de esa calle, que es un pareado. Esta familia, al residir fuera del municipio, no recibió la notificación de desalojo hasta ayer, por lo que dispone de cinco días para sacar sus pertenencias de la casa y dejarla inhabitada para el comienzo de las obras. El municipio ha logrado en 14 días, los que han transcurrido desde la publicación en el BOPA del concurso hasta ayer, la contratación de una empresa para efectuar la demolición parcial.
Por otra parte, Ángel Riego asumió en el Consejo de Participación Ciudadana celebrado la pasada semana que la multa de 1.200 euros que le impuso el juez la tenía que pagar él. Los representantes de las asociaciones vecinales mostraron su apoyo al regidor de Carreño, toda vez que consideran que la responsabilidad en la legalización de la vivienda no es exclusiva de Riego, sino del Ayuntamiento.
En ese sentido, los portavoces vecinales acudieron al Pleno celebrado el pasado lunes para mostrar su apoyo a Riego, en el caso de que se debatiese durante el mismo el caso de la vivienda. No fue así, y cuando se dio cuenta del último auto judicial que condena al Alcalde a pagar la multa, todos los grupos de la oposición mantuvieron silencio al respecto. Cuatro partidos, entre ellos IU, URAS, UNA y UICA, aprobaron en su día la legalización de la casa, con la opinión contraria del PSOE y de los técnicos, que ya pretendían entonces efectuar la obra de demolición. «Nosotros sólo queremos dar cumplimiento a la sentencia y esperamos resolver la situación lo más rápido posible, de forma que el Alcalde no siga padeciendo una situación injusta como ésta», dijo ayer la portavoz socialista, Áurea Gutiérrez.
