Gijón, Miriam SUÁREZ
El Juzgado contencioso-administrativo número 1 de Gijón abrió ayer el turno de comparecencias para esclarecer el alcance de la contaminación que los vecinos de Xivares atribuyen al Parque de Carbones de Aboño. El magistrado Jorge Rubiera escuchó a un perito y un técnico medioambiental, que avalaron las medidas correctoras aplicadas por la siderúrgica Arcelor-Mittal, una de las empresas que depositan carbón en la zona.
El abogado que representa a la asociación vecinal «El Tranqueru», artífice del pleito que se instruye en los juzgados de Gijón, considera sin embargo que «no hay ningún control» y, dependiendo de la dirección del viento, «el polvo llega hasta Xivares o hasta El Rinconín». Para tratar de probarlo, Roberto Roces preguntó ayer a los testigos de Arcelor «si habían hecho comprobaciones en las zonas afectadas y parece ser que no. ¿Cómo van a controlar el medio ambiente si no visitan las casas de los alrededores?».
Aunque todas las empresas del Parque de Carbones de Aboño tendrán que responder por su actividad, el pleito de los vecinos de Xivares va dirigido a los ayuntamientos de Gijón y Carreño, municipios entre los que se reparte este depósito al aire libre. «El Tranqueru» no pretende la desaparición de esta actividad industrial, pero sí aspira a que los tribunales garanticen «la verdadera» aplicación de medidas correctoras que minimicen la contaminación atmosférica. Por ejemplo: «Tendrían que cubrir el Parque de Carbones». Pero, según el abogado Roberto Roces, «hasta la fecha, lo que se ha hecho con este asunto es mirar para otro lado», una actitud que reprochan muy especialmente a los ayuntamientos de Gijón y Carreño.
