«Vivimos con un subsidio y, a falta de otra cosa, nos tenemos que dedicar a recoger chatarra para completar los ingresos; pero con lo que ganamos no nos da para pagar el seguro». Buena parte del colectivo gitano que forma la Sierra de Granda se gana un sobresueldo con la recogida de chatarra, una labor a la que algunas familias se dedican desde hace varias generaciones. Pese a que los ingresos por familia no llegan a los 500 euros mensuales, un cambio legislativo y la presión de las grandes chatarrerías pueden propiciar que se persigan estas prácticas, lo que, a juicio del colectivo gitano, sólo hará que aumenten los robos.

La tramitación en el Senado de la ley de Residuos y Suelos Contaminados ha puesto en alerta al colectivo gitano, que ve cómo pueden endurecerse el control y las sanciones ante estas prácticas. Por si esto fuera poco, los representantes de una empresa de recogida de residuos pasó recientemente por la Sierra con una carta de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FERR), en la que se especifican los requisitos que supuestamente marcará la ley para la recogida de chatarra, y se advierte de que no debe comprarse chatarra a quienes no cumplan estos parámetros.

«Tengo seis hijos, y con lo que sacamos de subsidio no me da para darles de comer a todos. Si no puedo recoger chatarra, ¿qué me queda, ponerme a robar?», señala uno de los vecinos de la Sierra, que no quiere dar su nombre por temor a ser objeto de persecución.

Por su parte, algunos pequeños chatarreros también se han mostrado contrarios tanto al texto de la ley como al escrito de la FERR.

«Esto responde al interés de las grandes chatarrerías, que quieren aprovechar la aprobación de la ley para acabar con la competencia, tanto de los particulares que comercian con chatarra y residuos como de los pequeños negocios», indica Carlos, dueño de una chatarrería sierense que trabaja habitualmente con los residentes en la Sierra.