El gobierno de Carreño comenzará "desde ya mismo" a cobrar impuestos en el tercio de la explanada de Aboño que le ha sido adjudicada, una vez que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso del Ayuntamiento contra la decisión del Principado de otorgar a Gijón dos tercios de la zona y a Carreño el tercio restante. "No podemos cuantificar ahora mismo lo que podríamos percibir por la titularidad de esa parte de la explanada y los ingresos tributarios, pero lo podremos saber en breve", señala la alcaldesa en funciones, Amelia Fernández.
Dado que la actividad que se desarrolla en la explanada de Aboño ganada al mar es de tipo industrial, relacionada con la actividad primaria del Puerto de Gijón, el Ayuntamiento podrá ahora reclamar nuevos ingresos tributarios de categoría especial.
Es la única lectura positiva que hace el Ayuntamiento, disgustado con la decisión judicial porque su intención era conseguir la explanada entera. "Carreño luchó hasta el final, defendiendo nuestras tesis, nuestros argumentos, por lo que considerábamos justo", apunta Fernández.
Este es el final de un proceso administrativo, primero, y judicial, después, que se inició en el año 2006. "Se nos reconoce un tercio de tierras ganadas al mar, y antes no teníamos nada", matiza Fernández. Carreño reclamaba el cien por cien apoyándose en actas de deslinde válidas de 1889. Ingresos tributarios, razones estratégicas y de respeto institucional estaban detrás de las sucesivas reclamaciones del gobierno carreñense contra el acuerdo del gobierno regional de 2009 que, apoyándose en los informes técnicos, partía la explanada artificial ganada al mar en la desembocadura de Aboño en dos. Un tercio para Carreño, dos para Gijón.
Carreño defendió desde el inicio del proceso, en 2006, que los terrenos que ahora ocupan bloques de hormigón son suyos. Para ello se apoyó en un acta de deslinde y amojonamiento realizada el 12 de noviembre de 1889. Según el documento, "el límite entre Carreño y Gijón está en el lado este de la ría de Aboño, cuyos terrenos que dan al mar, y se denominan la Junquera, son de Carreño". Estos terrenos son los que ahora ocupa la nueva explanada.
Por contra, el deslinde anunciado por el Principado mediante resolución se sustentaba en un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Algo innecesario ya que el deslinde ya estaba justificado, según Carreño.
El IGN argumentaba en su informe que "ninguna de las actas de deslinde existentes define la jurisdicción de los terrenos ganados al mar por la autoridad portuaria en Aboño". Ese argumento es el que el Ayuntamiento ha querido rebatir en los tribunales, primero en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y ahora en el Supremo, mostrando toda la documentación de la que dispone, según la cual el deslinde de 1889 es válido. Sin embargo, el Supremo ha considerado válido el trabajo realizado por el IGN.
"Nos apoyamos en ese acta de deslinde de 1889, para defender que ese segundo relleno, ya en nuestra etapa de relleno, era de titularidad pública carreñense", señaló Fernández.
La alcaldesa en funciones subraya que su intención era "informar a los grupos políticos sobre la sentencia en el próximo pleno". El portavoz del Partido Popular de Carreño, José Ramón Fernández, muestra su preocupación por las consecuencias económicas del proceso judicial: "Solicitaremos información al equipo de gobierno sobre la repercusión económica que ha tenido este recurso contencioso administrativo, sobre todo para despejar dudas sobre futuras reclamaciones contra el Ayuntamiento".
