El gobierno municipal de Carreño, del PSOE, sacó adelante su propuesta de impuestos, tasas y precios públicos en una sesión plenaria celebrada ayer en Candás. Como consecuencia, el concejo ve por primera vez en cuatro años cómo se congelan todos los impuestos, tasas y precios públicos, con un salvedad: la contribución o Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), cuyo tipo impositivo se reduce en tres puntos para la zona urbana, del 0,68% actual al 0,65% que se aplicará en 2015.

Esta medida no implicará la bajada en el recibo de la contribución a los vecinos, pero sí evitará que suba como consecuencia de la revisión catastral del año pasado, por la cual se incrementó de media un 50 % el precio de los pisos en el concejo. Dado que se aplica una subida gradual de ese porcentaje en diez años, el recibo sube por este motivo, la revisión catastral, un 10 % cada año, a expensas del tipo impositivo que luego quiera cobrar el Ayuntamiento. Y ahí es donde se producirá una bajada de tres puntos, que no enjuagará la subida por la revisión, pero sí la atenuará. Se estima que una propiedad urbana con un valor catastral de 80.000 euros, muy común en el municipio en pisos de menos de 20 años, paga cerca de 400 euros de contribución. Para el año que viene, a causa de la revisión catastral, pagaría un 10 % más, 440 euros. Sin embargo, al bajar el tipo impositivo que ayer aprobó el gobierno local, serán unos 18 euros menos, con lo que el recibo se quedará finalmente en 422 euros.

La medida, eso sí, no estuvo exenta de polémica en el pleno de ayer. Y fue controvertida por varios motivos. El primero de ellos, que el alcalde, Ángel Riego, no permitió que se votasen enmiendas de otros partidos, a pesar del tono, más o menos de entendimiento, en el que se gestaron estos impuestos. "El gobierno no acepta ninguna enmienda porque es su propuesta y porque las enmiendas la desvirtuarían", explicó Riego.

No convenció a la oposición, indignada con la medida, ya que no se trataba de votar las enmiendas en sí, sino su debate, y por ello preguntó: "¿de acuerdo a que artículo se impide que se debatan?", en palabras del portavoz del PP, José Ramón Fernández. "Por la 27-38", respondió inmediatamente Riego, ante el estupor de la Corporación, dado que el artículo 27 de la ley de régimen local sólo recoge ocho puntos.

El segundo motivo de polémica fue la medida aprobada el año pasado para cobrar el IBI a la iglesia y el recargo del 50 % a las viviendas vacías, que no se han llevado a efecto, por su dificultad técnica, según el gobierno. A instancias de Foro, el recargo se elimina del proyecto de 2015, lo que no ha dejado contentos a antiguos socios de gobierno. "No cobrasteis el IBI de la iglesia ni ejecutasteis el recargo sobre viviendas vacías porque no quisisteis", espetó la edil del Partido Comunista de los Pueblos de España, Ana Turrero. Este año, a diferencia del anterior, no secundó el proyecto impositivo, aunque la abstención generalizada de la oposición no impidió su aprobación.

Y es que, aunque no había unanimidad sobre el proyecto, tampoco había afán de echarlo abajo, toda vez que implica la primera congelación de impuestos o bajada, en el caso del IBI, de los últimos diez años. El gobierno defendió su política de descenso de la presión fiscal con un hecho: "tenemos el IBI más barato de todos los concejos que nos rodean", en palabras de la portavoz del PSOE, Amelia Fernández, sin tomar en consideración los cuatro millones que se recaudan de grandes empresas, y de los que carecen otros ayuntamientos.