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La Fiscalía achaca la ruina del palacio de Celles a Patrimonio, al que ve "inoperante"

El ministerio público, que archiva la investigación del deterioro, tacha de "caótica" la situación del servicio regional, sin reparto claro de funciones

El palacio de Celles. M. N. M.

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias ha archivado las diligencias de investigación abiertas por un posible delito relacionado con el deterioro del palacio de la Torre de Celles. Sin embargo, el archivo no implica que la Fiscalía le quite la razón a la asociación de vecinos San Juan Bautista, quien había cursado la denuncia, sino todo lo contrario, ya que responsabiliza al Servicio de Patrimonio del Principado del grave estado del inmueble.

La presidenta del colectivo, Carmen Blanco, había insistido en la dejadez de Patrimonio, y el Fiscal se alinea con su postura. Pero decreta el archivo porque no encuentra una persona concreta a la que atribuir las causas, y "la Administración del Principado de Asturias, en tanto persona jurídica, carece de responsabilidad penal". El escrito concluye "que el deficiente funcionamiento del servicio de Patrimonio Cultural hace que el mismo resulte inoperante en orden a un ejercicio efectivo de las competencias que tiene asumidas, con el resultado, de facto para este inmueble, de total abandono. Y ello, tanto por la propiedad del mismo como -y especialmente- por la propia administración pública competente, como consecuencia de una desorganización administrativa que lleva a la imposibilidad de atribuir la responsabilidad frente a persona física alguna".

La Fiscalía cita un informe de mayo de 2017 y califica la situación del servicio de "caótica", "sin un reparto de funciones claro entre los técnicos, sin directrices de actuación, al albur de los informes del criterio de cada técnico, sin tipología clara del procedimiento a seguir, con trámites administrativos que no existen conforme a la ley de procedimiento, con escasez de medios, gran volumen de tareas, etc." Este caos hace imposible determinar "a qué se deben los alarmantes tiempos de espera para emitir informes o quién toma la decisión de elevar unas propuestas u otras".

El ministerio público atribuye la responsabilidad a Patrimonio, en primer lugar, porque el deber de conservación del edificio exige un acuerdo de voluntades entre la propiedad y la administración que requiere que esta "identifique sobre qué elementos se ha de ejecutar el mismo, ya que resulta obvio que, de un edificio, no todo él tiene el mismo grado de importancia cultural o histórica".

Otra razón está en que, tras la declaración del palacio como Bien de Interés Cultural (BIC) en 2003, se requería una intervención que ni la propiedad ni la administración realizaron y, desde entonces hasta que los vecinos denunciaron en 2007, "la conducta de la Administración fue la de permanecer inactiva totalmente". pese a que existían informes sobre el mal estado del inmueble. El Principado estaba obligado a tomar medidas, y nunca las tomó "de forma taxativa y clara", ni hasta entonces ni más tarde.

La Fiscalía exime a la propiedad de un posible delito contra el patrimonio histórico porque el edificio estaba deteriorado mucho antes de ser protegido. Y sostiene que el hecho de que continúen las circunstancias se debe a la "desatención" por parte del Principado de la obligación de aplicar Ley de Patrimonio Cultural que obliga a garantizar la protección del edificio, ya instando a la propiedad a actuar, ya actuando directamente sobre el inmueble. La situación del palacio estaba clara en los informes, y "la respuesta del servicio de Patrimonio cultural dentro del expediente sobre el estado de conservación fue no hacer nada".

"Vagos e incompetentes"

Carmen Blanco tiene claro que "esto es una forma de llamarlos vagos e incompetentes, aunque con otras palabras". Y denuncia la gravedad que recoge el escrito de que algunos expedientes que no existían "fueron creados 'ad hoc' para su remisión a los órganos judiciales".

Los vecinos cursaron la denuncia a finales de abril, y el último paso que ha dado desde entonces el Principado es requerir a la propiedad un proyecto de rehabilitación, anunciando que en caso contrario procedería a la ejecución subsidiaria. La propiedad no presentó el proyecto y hasta ahora no ha habido más movimientos. Los vecinos se ven cargados de razón y seguirán luchando.

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