Funerarias Meana reclamará al Ayuntamiento de Siero más de 200.000 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por el perjuicio que le supondrá tener que derribar el horno crematorio. Su demolición la ratificó la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al rechazar el recurso de casación interpuesto por Funerarias Meana contra el fallo que anulaba las licencias de actividad concedidas por Siero en 2004 para el funcionamiento de su crematorio en la Pola.
El problema radica en que el horno se ubica en suelo comercial y los jueces reconocen y consideran que ha de estar en terreno con calificación industrial, cuestión en la que se basó la denuncia, que interpusieron la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y la Plataforma "Crematorios al Llau de la Xente Non" contra estas irregularidades urbanísticas.
Un juez obliga a la funeraria a cesar la actividad del horno, a pesar de haberlo construído con las licencias que concedió el Ayuntamiento; por eso ahora le reclama una indemnización por el coste de la infraestructura. El consistorio le concedió la semana pasada la licencia de obra para el derribo de esta construcción, que formaba parte de los servicios del tanatorio, en la calle Maestros Martín Galache. Marca un plazo de seis meses para empezar los trabajos, aunque cabe la posibilidad de solicitar una prórroga de otro medio año. El mismo tiempo que le da a la empresa para ejecutarlos.
Según confirma el representante legal de la funeraria Meana, el despacho de abogados de De la Iglesia y Teijelo, entre ayer y hoy teníanprevisto presentar la reclamación en el Ayuntamiento, con la intención de llegar a un acuerdo sin tener que acudir nuevamente a los tribunales.
La indemnización económica que piden al Consistorio supera los 200.000 euros. Se basan en la suma de las cuantías de las facturas, así como en el coste de permisos, proyectos y tasas, entre otros gastos, que la funeraria tuvo que desembolsar para construir el horno crematorio. Esta cantidad ronda los 170.000 euros, y a ella se añade el dinero que les supondrá el derribo, que aún no está determinado, por lo que calculan que la suma que le reclamarán al Consistorio por los gastos generados superará los 200.000 euros.
Los denunciantes llevan tiempo pidiendo la ejecución forzosa de la resolución judicial, desde que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ratificara ya en enero la nulidad de la licencia para el crematorio de la Pola. El TSJ dictaminó que la actividad va más allá del uso comercial previsto para el terreno, por lo que su destino era el cierre.
