El Partido Popular de Carreño ha pedido la nulidad del Pleno en el que se aprobó la expropiación del teatro Prendes y de la comisión informativa previa a la Sesión en la que también se abordó el asunto. Los populares entienden que no se cumplían los requisitos para que las dos reuniones fuesen calificadas de "urgentes" por lo que entienden que deben quedar anulados. De no ser así, el PP no descarta recurrir a los tribunales.

Los populares basan la nulidad basándose en que el argumento de la alcaldesa, la socialista Amelia Fernández, para justificar la urgencia de la Sesión se limitaron a que el expediente de expropiación tiene relación con el millón de euros de ahorro del ejercicio pasado, que debe estar invertido antes de que finalice 2018. "Sabían que disponían de ese montante meses antes y no hicieron nada por dejadez", critica el portavoz de los populares, José Ramón Fernández.

Además, el PP también sostiene que los informes jurídicos y técnico que fundamentaban la expropiación fueron incorporados al expediente menos de tres horas antes del Pleno en que se decidió la expropiación. Esto, critican, hizo que los documentos tuviesen que ser repartidos en fotocopias a la Corporación al inicio de la Sesión, un hecho por el que Izquierda Unida pidió un receso de 15 minutos para poder leerlos y discutirlos. Los populares también suman a esta circunstancia que su edil José Ignacio Fuentes, que tomó posesión en este mismo Pleno, tampoco tuvo acceso a esta documentación hasta que juró el acta.

"Esperamos que se anule lo realizado hasta ahora sin necesidad de tener que acudir a los tribunales y que el gobierno local recapacite y haga las cosas sensatamente y de acuerdo con la ley", explicó Fernández, quien considera que "si no se produce una rectificación por parte del PSOE y Somos, los vecinos saldrán perjudicados por esta chapuza que puede tener graves consecuencias para el Ayuntamiento".

La expropiación del Prendes se aprobó en un Pleno extraordinario celebrado el 22 de noviembre. El PSOE y Somos aprobaron dar este paso, al entender que las pretensiones económicas de los propietarios del teatro eran muy distantes de las del Ayuntamiento y que no había acuerdo posible. Los vecinos de Tamón alegaron contra el proyecto para pedir que ese dinero se invirtiese en saneamiento. Su propuesta fue declinada.