El Juzgado de instrucción número 2 de Badalona rechaza que el Ayuntamiento de Siero se persone en el proceso de la "operación Enredadera" como acusación particular. Este caso, en fase de diligencias previas, investiga presuntas adjudicaciones irregulares en contratos públicos en distintas partes de España, entre ellas Asturias, y está instruido por el mencionado juzgado catalán. El juez argumenta que al no constatar ninguna investigación de la actividad administrativa con el Consistorio de Siero no procede que sea parte acusadora. Se basa en que no concurren "los requisitos de ofendido o perjudicado por hecho delictivo alguno objeto de investigación en la presente causa".
No obstante, el magistrado Pablo Jesús Alonso García sí admite las pretensiones de personarse como acusación particular de otros consistorios, como Oviedo o Logroño, y partidos políticos como IU.
Según consta en esta providencia judicial, en la que el juez informa de que descarta la acusación particular del Ayuntamiento de Siero, el Consistorio comunicó por escrito el 7 de septiembre su interés en personarse. La intención del equipo de gobierno, del PSOE, era despejar cualquier duda sobre la posible implicación de la administración local en la trama, después de que hubiera sido relacionada con ella meses atrás. De hecho, el mismo día que PSOE y Foro rechazaron la moción de Ciudadanos que instaba al Ayuntamiento a personarse en la causa y reclamaba información sobre el asunto, la concejala de Urbanismo y Empleo, Noelia Macía, anunció que así lo harían, independientemente de la petición de Ciudadanos y a pesar de no tener constancia de posibles irregularidades manifiestas contra el Ayuntamiento local.
La empresa Gespol es la que aparece en el centro de la trama, y para descartar cualquier posible vinculación con esta compañía, el equipo de gobierno encargó un informe a la jefa de Contratación del Ayuntamiento. Fue emitido el 19 de julio del año pasado, y en este documento se constató que, conforme a los datos que maneja esta sección municipal, no consta la citada empresa como licitadora ni adjudicataria de contrato alguno.
En la "operación Enredadera" se investiga a varios cargos públicos de distintos ayuntamientos, unos 50 y entre ellos el de Oviedo, por su posible implicación en una presunta trama de adjudicaciones irregulares y amaños en contratos, como el de instalación de semáforos y cámaras de control de tráfico. Esta operación salpicó también a agentes y mandos de la Policía Local, como José Manuel López, el que fuera comisario en Oviedo y a quien se llegó a vincular con Siero.
La investigación comenzó en julio de 2016 en el Ayuntamiento de Montgat (Barcelona). Entonces, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró indicios del supuesto amaño de contratos para la instalación de radares de tráfico. Las pesquisas posteriores, dirigidas por el Juzgado de Instrucción 2 de Badalona y la Fiscalía Anticorrupción, extendieron la investigación al resto de España.