"Desesperación". Es la primera palabra que pronuncian los socios de la empresa noreñense Joama, que llevan ocho años esperando a ser indemnizados por los exgerentes de la firma que provocaron la quiebra de la compañía y les dejaron "sin nada". El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) rechazó el recurso de los denunciados, ratificando que debían abonar a los trece afectados 1,5 millones de euros. Si el pago no llega, tampoco acaban de conseguir que el proceso penal contra ellos arranque, tras numerosos aplazamientos. El último, porque uno de los encausados se encuentra en Sudamérica.
El relato de Mónica Fernández, Covadonga Hevia y Alberto Rodríguez es desgarrador. Hace una década eran propietarios, junto a otras once personas, de una de las empresas punteras del sector de la calderería en España. Las cosas iban bien, hasta que comenzaron a percibir "movimientos raros".
"El gerente se marchó con todo, hizo hipotecas sobre naves, UTEs (uniones temporales de empresas) fantasma o transferencias a empresas de familiares que solo trabajaban para nosotros y facturaban en cinco meses 600.000 euros". Un desfalco en toda regla, que, sostienen, "reconocen las sucesivas sentencias del juzgado de lo Mercantil y el TSJA, por los exgerentes de la compañía y algunos de sus familiares".
La empresa, que llegó a tener 85 trabajadores, quebró en el año 2012. "No fue que la crisis acabara con el negocio, es que esta gente acabó vaciando la compañía", apostillan los tres afectados.
Desde el cierre, las denuncias de los trece socios víctimas del desfalco se fueron acumulando. Cuatro años después, en 2016, la Audiencia Provincial de Oviedo condenó a los acusados a dos años de inhabilitación para administrar bienes ajenos y al pago de cerca de 1,5 millones de euros al considerar "manifiesta" su participación en la comisión de unas irregularidades que afectaron al ejercicio contable del año 2012.
Posteriormente, en un auto firmado el 23 de enero de 2019, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestimó los recursos de casación e infracción procesal presentados por los exgerentes. Sobre esta sentencia ya no cabía apelación alguna, por lo que deben ejecutar el pago. Pero, a día de hoy, no se ha efectuado.
La otra vía del caso, la penal, lleva atascada desde los inicios. Según cuentan, los aplazamientos de la vista se han ido repitiendo "de manera constante". Afirman que "siempre se sacan algo de la manga". El juicio se ha postergado por última vez este mismo mes. La vista estaba señalada para el próximo día 23, "pero según nos dicen del juzgado, no fueron capaces de conseguir que uno de los acusados viniera, al encontrarse en Sudamérica". La fecha fijada ahora es marzo del año que viene, aunque los afectados comienzan a perder la fe en que se resuelva.
Mientras tanto, continúan con su vida como pueden. "Estamos en casa, sin trabajar y con poca cosa, es lo que hay", cuentan resignados. Uno de ellos incluso ha sufrido complicaciones de salud, "con dos infartos y un ictus". Al menos los tribunales les han dado la razón y algún día esperan cobrar la indemnización. Aunque lo más satisfactorio, según reconocen, "sería verlos cara a cara sentados en el banquillo del juzgado".
Los socios fueron los principales afectados, pero no los únicos. La quiebra de la exitosa compañía noreñense también supuso que los 85 empleados se quedaran sin trabajo y que el concejo de Noreña perdiera a uno de sus referentes empresariales, junto a las chacineras o la fabricante de carrocerías Ferqui.
