Doce años después de que las viviendas de protección oficial de Pumarabule (Siero) comenzaran a registrar grietas, quedando algunas al borde del derrumbe, ya hay nuevos domicilios públicos destinados a sustituir a los anteriores. La espera ha sido larga, pero, al fin, las obras de construcción de las nuevas viviendas sociales de Pumarabule han concluido. Así lo confirman fuentes de la Consejería de Derechos Sociales, que había ido retrasando la fecha de conclusión por una suma de inconvenientes, incluidas la pandemia, filtraciones de agua y la demora en la instalación del gas.
El Ayuntamiento de Siero ya ha recepcionado las obras de los garajes y las instalaciones exteriores, completando el último paso antes de que se comiencen a asignar las viviendas. Sin embargo, los vecinos que habían pagado ya por las anteriores viviendas que resultaron defectuosas son reticentes a tener que volver a abonar cantidad alguna por las nuevas. La opción que les ha dado la Consejería es tasar sus viejos domicilios (devaluados por la antigüedad y las grietas) y restar esa cantidad del coste de las nuevas viviendas, más modernas y espaciosas. Esta fórmula no satisface a los afectados, que quieren que les cambien una por otra.
Esta postura, que parece inamovible, es el penúltimo capítulo de una odisea que empezó muchos años atrás. El problema que encuentran los vecinos es la incertidumbre. En 2009 las casas de protección oficial que habían adquirido comenzaron a sufrir grietas de consideración, “parecía que se podían caer”. Entonces se comenzó a buscar el terreno y se inició el proyecto de nuevas viviendas frente a donde están situadas las actuales. El plazo inicial para el final de las obras fue a principios de 2020. Con el paso del tiempo unos vecinos fallecieron, “otros decidieron irse con sus hijos y algunos ya no se ven para salir de sus casas, a pesar del riesgo”.
Tras descartarse entregar las viviendas a principios de 2020, se apuntó a los meses de abril o mayo de ese año como el momento en que se entregarían. Tampoco fue así, atrasándolo el Principado hasta finales de año, escudándose en la pandemia. Llegado el momento, se aseguró que a principios de 2021 se entregarían, aludiendo a las filtraciones que sufrieron en noviembre los garajes, recién construidos. Finalmente, fue la instalación del gas la que acabó llevando el fin de la obra al segundo trimestre del año.
Ahora, el debate está en las condiciones de realojo. Los afectados tendrán que pagar 1.200 euros por metro cuadrado, de los que se descontará el valor actual de sus domicilios, que se encuentran en mal estado. A todos los damnificados les parece “ilógico e injusto” y piden que, “ya que las casas que nos vendieron estaban defectuosas”, les cambien una por otra, sin mayor coste o, al menos, que solo paguen la diferencia de metros.
Las próximas semanas serán clave para ver si el problema puede acabar por solucionarse y hay acuerdo para que los afectados por las grietas tengan una nueva vivienda o, los pisos nuevos, acaban comprados por otras personas.
