09 de diciembre de 2011
09.12.2011

La «Decisión» europea que cierra las minas

La UE acordó en diciembre de 2010 clausurar todas las explotaciones que no sean rentables en 2018, que son prácticamente todas las españolas, incluida Hunosa

09.12.2011 | 01:00

La última sentencia de muerte para la minería del carbón se dictó en diciembre de 2010, cuando la Unión Europea aprobó la «Decisión» que fija 2018 como la fecha de cierre de las minas que no sean rentables, prácticamente todas las españolas incluidas las de Hunosa. Las regiones mineras españolas tratan ahora de formar un frente común para modificar la medida.

El último capítulo de la historia de la minería española aún está por escribir. Pero los primero renglones, dictados por los órganos de gobierno de la Unión Europea, aparecen torcidos. Y en contra de la cita religiosa, «Dios escribe recto con renglones torcidos», no auguran un final feliz. En diciembre de 2010, la UE aprobó una «Decisión» que fija 2018 como la fecha de cierre de las minas que no sean rentables, que son prácticamente todas las españolas y, en especial la pública Hunosa. En su momento, el acuerdo fue bien recibido porque prolongaba cuatro años la primera intención de clausurar la minería en 2014, y se aventuraba que había tiempo para conseguir, con el respaldo de la omnipresente Alemania, prorrogar durante muchos años más la vida del carbón. Los acontecimientos de los últimos meses han congelado tanto optimismo. El Gobierno socialista de Zapatero, pese a sus promesas, no dio la batalla en Europa para defender las minas. Y ahora, desde el PP se adelanta que la posición más práctica, realista y posibilista es luchar no por mantener la minería después de 2018, sino por que las empresas que alcancen el umbral de rentabilidad no tengan que devolver las ayudas recibidas en los últimos años. Si es así, el resultado será el cierre de la práctica totalidad de las explotaciones, incluidos todos los pozos de Hunosa. Sólo permanecerían las dos «superminas» de Victorino Alonso en Tineo y Cerredo. Una mala noticia. O no, según quién la valore.

El principio del fin arrancó en diciembre de 2010. Allá por el día 8, uno de los órganos de gobierno europeo con nombre de juego reunido, el Comité de Representantes Permanentes (Coreper), aprobó por mayoría ampliar las ayudas al carbón hasta 2018, pero se condicionaban a su cierre, como fecha máxima, el 31 de diciembre de ese año. La «Propuesta de Decisión del Consejo relativo a la ayuda estatal para facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas» fue respaldada por la mayoría de los países en el Coreper y ratificada dos días después por el Consejo de Ministros de Competitividad. Sólo votó en contra Suecia, mientras que Dinamarca y Holanda, que se habían opuesto al plan, dieron finalmente su visto bueno. Para conseguirlo, la Comisión Europea -como propugnaban España, Alemania, Rumanía y Polonia- aceptó extender las ayudas cuatro años más, aunque se mantuvo firme en vincular la concesión de las ayudas al cierre de las explotaciones. España aceptó el envite pese al clamor de rechazo que se había levantado en el sector minero.

El contenido de la «Decisión» europea establece una fuerte reducción de las subvenciones que reciben las empresas para producir carbón. En principio, el recorte será de un 25% en 2013; del 40% a finales de 2015; del 60% en el 2016; y del 75% en el 2017; para llegar el cierre el 31 de diciembre de 2018, fecha en el que las explotaciones que hayan recibido ayudas estatales deberán poner «irrevocablemente» fin a su actividad. El acuerdo deja bien claro que las ayudas están sujetas a la presentación de planes de cierre, y que aquellas explotaciones que hayan recibido ayudas durante los ocho años y no pongan fin a su actividad en la fecha marcada, deberán devolverlas. No obstante los Estados miembros podrán dar otro tipo de subvenciones hasta 2027, en este caso para recolocar a trabajadores, para prejubilaciones, y rehabilitación y limpieza de las minas.

Pero el proceso puede acelerarse ahora. El Ministerio de Industria que dirige Miguel Sebastián decidió, hace unos meses, adelantar los recortes de las ayudas de 2013 al próximo año. La reducción sería ya del 10 por ciento. La causa, la necesidad de las arcas estatales de ahorrar dinero por la crisis. La consecuencia, la anticipación de la clausura de las primeras empresas. El pozo Calderón de Villablino, de Coto Minero Cantábrico ya está cerrado y no volverá a abrir. La comarca de El Bierzo y Laciana se prevé que sea la más castigada en los próximos años. Y, en Asturias, desaparecerán todos los pozos de Hunosa. Si no hay cambios, el primero será Candín, en Langreo, a principios de 2013. ¿Cuál será el escenario en el horizonte de 2018? Lo más lógico es que en la minería española sólo permanezcan dos minas privadas, ambas de Victorino Alonso, las dos en Asturias: Cerredo y Tineo.

A esta situación se llegará aplicando la norma europea que establece que aquella empresa que quiera recibir ayudas públicas debe de presentar un plan de cierre, como máximo, para el 31 de diciembre del 2018. La ayuda total concedida al sector hullero en la UE ya se ha reducido a la mitad en los últimos años, pasando de los 6.400 millones de euros de 2003 a los 2.900 millones de 2008. Las subvenciones a la producción han descendido en un 62%, hasta los 1.288 millones. En España, ascienden a 317,4 millones en el presente ejercicio, a medida que se ha ido destinando una proporción cada vez mayor a cubrir los costes sociales y ambientales del cierre de las explotaciones.

El acuerdo europeo que prolonga la vida de la minería hasta 2018, pero pone su lápida grabada con la misma fecha, fue recibido en Asturias con cierto alivio, pues prolongaba 4 años más la actividad extractiva, pero también con preocupación: el objetivo común era intentar alargar la fecha muchos más años. El entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, calificó el acuerdo como una «magnífica noticia» porque supondría «ganar tiempo». El eurodiputado asturiano del PP, Salvador Garriga, se mostró desilusionado con el acuerdo: «No era en absoluto lo que esperábamos porque lo que hay es un plan de cierre». Hoy se muestra más pragmático y apuesta por defender solo a las minas rentables. Desde IU, el responsable federal de Energía, Adolfo Barrena, valoró «positivamente» el paso adelante de Bruselas, aunque recordaba que «el futuro del carbón, sigue en peligro».

Un cierto optimismo mostraba el presidente del PP asturiano, Ovidio Sánchez, aunque afirmó que la decisión de la Unión Europea le producía una «frustración inmediata», añadió que mostraba su esperanza en poder variarla en el futuro y lograr ayudas para aplicar la tecnología e investigación en captura y secuestro de CO2, «que pueda alargar la vida del carbón, al menos, hasta 2027». Optimismo también destilaba la FSA-PSOE. Su secretario de Organización, Jesús Gutiérrez, decía que se «había conseguido ampliar la fecha prevista de 2014, pero no como querríamos, debido a que 2018 se ha impuesto como fecha finalista, con lo que la satisfacción en este caso es a medias». Por contra, desde IU, su Coordinador en Asturias, Jesús Iglesias, calificaba la ampliación de ayudas a 2018 de «absolutamente insuficiente» y advertía del serio riesgo que suponen para el carbón asturiano la reducción de subvenciones a partir de 2013. Para el presidente de Hunosa, Juan Ramón García Secades, los planes de Europa «no son perfectos» porque ponen fecha de cierre al sector, una decisión que «debería ser revisada en 2015». En sus últimas apariciones al frente de la empresa, esperando ya el relevo, García Secades se muestra pesimista y ve inevitable el cierre de todas sus explotaciones.

En el bando sindical, algo parecido. El secretario general del SOMA-FIA-UGT, José Ángel Fernández Villa, tildó «positiva» la decisión de la UE de prolongar las ayudas al sector minero hasta 2018, al verla como «una puerta abierta» para salvar el cierre de las minas españolas. «Las explotaciones dispondrán de un margen de tiempo más amplio para poder llegar a ser competitivas», expuso Fernández Villa. Pero reclama que se prolongue la vida de la minería mucho más allá de 2018. Y desde la Federación de Industria de CC OO, que convocó una huelga general en la minería, afirmaban que «sigue suponiendo la liquidación del sector minero en España». Maximino García afirmó que la decisión «no es satisfactoria y está en la misma línea que las propuestas anteriores».

¿Cuál es la situación a día de hoy? Apenas ha variado. En el seno de la Unión Europea no parece haber visos de que se pueda alargar la vida del carbón. El Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero, en el último año, no ha movido ficha. Dejó pasar las presidencias belga y polaca, esta última activa en la defensa de las minas, al menos de las ayudas. Ahora las regiones españolas y polacas intentan formar un frente europeo en defensa del carbón, al que se sumará la República Checa, según anunció el domingo, en Mieres, su embajador en España.

Más beligerantes que los estados se muestran las regiones. Asturias, Aragón y Castilla y León, con el apoyo social, empresarial y sindical, han firmado un documento de respaldo a las minas, para intentar que sobrevivan o, al menos, que las que sean rentables no tengan que devolver las ayudas recibidas y verse así abocadas también a desaparecer. Los consejeros de Economía de las tres comunidades se reunieron la pasada semana con la representante permanente de Polonia ante la Unión Europea, la ministra Malgorzata Mika-Bryska. Este país ejerce la presidencia de turno de la UE hasta final de año. La base de su argumento es que el carbón, apoyado en las tecnologías de combustión limpia, debe tener cabida como fuente autóctona para asegurar el suministro energético frente a situaciones como las revueltas en los países árabes o el cierre de centrales nucleares.

El consejero de Economía y Empleo del Principado de Asturias, José Manuel Rivero, resaltaba tras la reunión la «oportunidad» que se abre con la «Comunicación sobre la planificación energética» que la Comisión debe presentar a partir de este mes. «En ese marco, el Gobierno de España tendrá que defender el carbón y para ello mantendremos las comunidades mineras una reunión con el próximo ministro de Industria, para que defienda nuestra posición», añadió José Manuel Rivero. En una línea similar se expresaron los consejeros de Economía y Empleo de Aragón, Francisco Bono, y el castellano-leonés, Tomás Villanueva. Pero a la vez, llegaba desde la Unión Europea un jarro de agua fría. Bruselas no precisó la fecha de presentación de la «Comunicación energética», pero sí remarcó que «no tendrá efecto sobre el carbón y las decisiones nacionales», ya que se limitará a analizar cómo lograr una reducción del 85% de las emisiones de dióxido de carbono en 2050, frente a los niveles de 1990, según indicó la portavoz comunitaria de Energía, Marlene Holzner.

Las tres comunidades mineras esperan que el nuevo Ejecutivo que presida Mariano Rajoy defienda con más firmeza a la minería española. Para empezar, los gobiernos de Asturias, Aragón y Castilla y León han mostrado su interés en reunirse con el futuro ministro de Energía «para consensuar una postura común y defender los intereses del sector, ejerciendo una acción diferente a la del anterior Ejecutivo, que no solo no apostó ante la Unión Europea por el futuro del carbón sino que implementó medidas a nivel nacional para adelantar el cierre de las minas».

¿Será posible alcanzar este deseo? No parece fácil, si nos atenemos a las pistas que han comenzado a dar desde el PP. La más clarificadora y, a la vez, inquietante, la dio hace apenas unos días el eurodiputado popular Salvador Garriga, quien considera un error centrar la acción política en prolongar el plazo de las ayudas al carbón más allá de 2018, en lugar de centrarse en evitar la decisión por la que las empresas deberán devolver las ayudas recibidas. Garriga considera, apoyándose en unas recientes declaraciones del comisario de energía Günther Otinger, «claramente improbable» una prolongación del plazo de vigencia de las minas, a pesar de que los eurodiputados del PP presentaron enmiendas para alargarla hasta 2022.

Garriga cree un error centrar la acción política en intentar ampliar el plazo, y considera «mucho más factible» modificar una decisión que «perjudica gravemente la viabilidad del sector». «Anunciar que se va a luchar por extender el plazo es políticamente muy rentable pero en el fondo es extender una ilusión por algo irrealizable; mejor concentrarse en lo posible», subraya. Y añadió que «mucho más dañino que el plazo del 2018 es la obligación de devolver el monto total de las ayudas recibidas en el periodo 2011-2018 de todas las empresas, sean o no sean competitivas», lo que supone que «incluso aquellas empresas mineras que en el 2018 hayan alcanzado el umbral de la rentabilidad deberán devolver el 100% de las ayudas recibidas, lo que las obligará prácticamente a cerrar la explotación».

Si la batalla por alargar los plazos no se da, a finales de 2018 solo dos minas seguirán activas en España, las de Victorino Alonso en Tineo y Cerredo, en las que ha invertido decenas de millones de euros para conseguir hacer rentable su carbón. A la minería se la ha dado por muerta en muchas ocasiones y desde hace muchos años. Y sigue activa y guerreando. Con esta experiencia se puede afirmar, utilizando un térmico futbolístico, que aún hay partido.

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