Una vida entre las minas y los Juzgados. Así puede describirse la actividad del principal empresario carbonero de España, Victorino Alonso, al que Hunosa le ha ganado uno de los últimos procesos judiciales en los que se ha visto involucrado a través de su empresa, Unión Minera del Norte (Uminsa) y de Coto Minero Cantábrico (CMC), que era de su propiedad hasta que entró en disolución. En total, se deben pagar 46 millones de euros a Hunosa por el caso del "carbón desaparecido". Un fallo judicial que el magnate minero tiene pensado recurrir. No es, ni mucho menos, el único proceso en el que se ha visto involucrado a lo largo de su carrera. Estos son algunos de sus problemas con la justicia.
En 2010, el empresario leonés aceptó el pago de una multa de 201.901 euros, más los intereses (otra cantidad similar, más de 400.000 euros en total), y una pena de seis meses de prisión, al declararse culpable de un delito contra la Hacienda Pública del que se le responsabilizaba desde 1996. El acuerdo previo al juicio rebajó la pena de prisión desde los dos años, solicitados inicialmente, a los seis meses, aceptados finalmente. El delito se produjo en 1996, cuando Alonso era vicepresidente y consejero delegado de la empresa minera Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP, que luego se transformaría en CMC). Según la fiscalía -unos hechos admitidos por el empresario-, el acusado compró a las sociedades Norfersa y Obricosa maquinaria de origen ruso y ucraniano a precios muy superiores a los declarados en las aduanas. El verdadero importador era la MSP, que usaba a las otras dos sociedades "como testaferros" con "fines elusivos en el IVA". De este modo, se defraudaron 201.901 euros.
La Minero Siderúrgica de Ponferrada dio más quebraderos de cabeza a Victorino Alonso. Los Juzgados decretaron, en varias ocasiones, que la explotación a cielo abierto de El Feixolín, en Villablino (León) carecía de licencia ambiental y urbanística. Eso no fue impedimento para que permaneciese abierta más de una década y que se hiciera caso omiso de los mandatos judiciales. Finalmente, en 2009, y ya con todo en contra, Victorino Alonso se vio obligado a cerrar esta mina, enclavada en una zona de especial valor natural, un área de protección para especies como el oso y el urogallo. La Comisión Europea llegó a demandar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por permitir este tipo de actividades mineras a cielo abierto sin tener estudios de impacto ambiental. El tribunal condenó a España, lo que quiere decir que, si vuelve a ocurrir algo similar, el Estado se vería obligado a pagar importantes multas o a ver retiradas ayudas europeas. Las tareas de restauración ambiental de El Feixolín, donde llegaron a trabajar unas 150 personas, finalizaron el año pasado.
En 2010, se conoció otra decisión judicial que acabó siendo contraria a los intereses del magnate leonés. La sala de lo Civil del Tribunal Supremo condenó a Alonso, como máximo responsable de la entonces ya extinta Agrupación Minera del Bierzo y de Uminsa, a pagar 7,4 millones de euros a Unión Fenosa, más intereses legales (casi 14 millones en total). La sentencia se refería a la polémica por la baja calidad del carbón suministrado por las empresas de Alonso a la eléctrica a principios de los años 90. Según el fallo del tribunal, se incumplieron "las obligaciones asumidas en el contrato de suministro de carbón de 6 de marzo de 1992, al haber suministrado el carbón de forma irregular en su propio beneficio, cargando los camiones de forma irregular, lo que ha supuesto un beneficio en perjuicio de la actora (Unión Fenosa) que en síntesis, y conforme a los términos del contrato, ha pagado cantidades indebidamente, pues la calidad de lo suministrado es notoriamente inferior al precio facturado".
La calidad del carbón es, precisamente, una de las claves del proceso del "carbón desaparecido" de Hunosa. La hullera pública tenía en 2009, por orden del Gobierno, que comprar los excedentes de producción de las empresas privadas que no se vendían a las térmicas. El almacenaje del carbón se realizó en terrenos de las compañías de Victorino Alonso. Un peritaje registró la desaparición de casi 578.000 toneladas de carbón... que aparecieron posteriormente en una nueva medición. Eso sí, según el perito, eran de peor calidad: no era el carbón que tendría que haber sido. Por ello el grupo Alonso deberá pagar 46 millones a la hullera pública. El proceso, eso sí, sigue adelante, porque se iba a interponer recurso.
Otro caso en el que está involucrado Victorino Alonso está en proceso de investigación. Es el presunto fraude masivo de las subvenciones de la minería, que afectaría, en principio, a varias compañías privadas. El Juzgado de instrucción número 5 de Ponferrada comenzó la instrucción al intuir que podía haber delito, "indicios racionales de criminalidad", en la obtención de las ayudas a la producción de carbón entre 2007 y 2012. Seis empresas cobraron en este periodo mil millones de euros en ayudas. Sin embargo, no está claro que la producción real se ajustase realmente con la declarada, por lo que podría haber un desfase en las subvenciones. Un informe aportado por la Agencia Tributaria a la investigación rechazaba la posibilidad del fraude. Finalmente, el Juzgado de Ponferrada se inhibió del caso, dada su magnitud, y lo elevó a la Audiencia Nacional, que cuenta con más recursos para investigarlo convenientemente.
Los líos judiciales de Victorino Alonso tienen, además, marcada este año 2016 una fecha: el 21 de septiembre, día en el que, en principio, está previsto que sea juzgado por la destrucción de la cueva neolítica de Chaves, en Huesca. En este caso, el proceso no tiene que ver con la actividad carbonera, y sí con una de las principales aficiones del empresario: la caza. La cueva se encuentra enclavada en una finca cinegética administrada por una empresa de Alonso, en pleno parque natural de Guara (Huesca). Según se denunció, unas obras de vallado de la parcela, con movimientos de tierras, provocaron daños irreparables en los restos neolíticos de la cueva (junto con la de Or, en Valencia, los más importantes de este tipo en España). En marzo de 2009, responsables del museo arqueológico de Huesca dieron cuenta de la destrucción de la cueva, de la que quedaba por estudiar y excavar un 90%. Así, se interpuso una demanda contra el empresario leonés. La Fiscalía pide 2 años y 8 meses de prisión y 14 millones de indemnización por un delito contra el patrimonio. Ecologistas en Acción eleva a 6 años su petición de cárcel (suman un delito contra el medio ambiente) y un pago de 50,9 millones. La tercera acusación, la de Apudepa (Acción para la Defensa del Patrimonio Aragonés) reclama 3 años de cárcel, una multa de 288.000 euros, y una indemnización de 50,9 millones.
