Los tres mineros acusados por lanzar objetos a la Guardia Civil durante un piquete en la autovía entre Mieres y Oviedo (A-66), a la altura de Soto de Ribera, en junio de 2012, admitieron los hechos y aceptaron una condena de año y medio de cárcel, así como el pago de 260 euros para indemnizar a un agente que resultó herido. Al tratarse de una pena menor de dos años, los tres evitan entrar en prisión.
La vista tuvo lugar en el Juzgado de lo penal número 3 en Oviedo. Los primeros en llegar fueron los acusados Víctor Carrasco y Lisardo Álvarez, ambos afiliados al SOMA, que estaban acompañados por su abogado, Marcelino Suárez. El tercero, Javier Cuetos, se hizo esperar, ya que se fue a trabajar en lugar de acudir a la citación. Al tener conocimiento de la situación, la jueza decidió avisarle para que se presentara en lugar de aplazar la sesión. Al cabo de casi dos horas, Cuetos hizo acto de presencia en los Juzgados de Oviedo y pudo desarrollarse la vista.
La Fiscalía solicitaba una pena de cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados. Un año por un delito de lesiones, y tres años y seis meses por otro de atentado. Marcelino Suárez, que había defendido a una buena parte de los mineros acusados durante las protestas mineras de 2012, consiguió un acuerdo que satisfizo a ambas partes. Por un lado, conminó a sus defendidos a que acudieran hasta una sucursal bancaria para que abonasen los 260 euros que el ministerio público había estipulado como indemnización para el agente, que había resultado herido en la mejilla izquierda, ocasionándoles una contusión facial de la que tardó en curar cinco días sin impedimento para sus ocupaciones habituales. Gracias al abono de la indemnización, el abogado consiguió que la Fiscalía admitiese el atenuante de reparación de daño, bajando la petición de cárcel a un año y seis meses.
Finalmente, la jueza falló de acuerdo con la Fiscalía y condenó a los tres trabajadores a una pena de un año de cárcel por atentado y seis meses por desórdenes públicos. Marcelino Suárez se disculpó ante el tribunal por la tardanza del tercer trabajador a lo que la juez respondió que estuvo a punto de aplicarle una condena de tres años por no haberse presentado a la hora fijada. En la misma vista se les notificó ya la suspensión de condena informándoles de que no pueden delinquir durante dos años. A la salida de los Juzgados, tanto Víctor Carrasco como Lisardo Álvarez defendieron su inocencia sobre lo ocurrido. "No sé quién le tiró qué a los agentes de la Guardia Civil, sólo puedo confirmar que estuve allí", destacó Álvarez. Palabras que confirmó su compañero, asegurando que "casi nos atropellan, pero eso no se cuenta".
