El gobierno de Mieres tenía previsto poder dedicar a inversiones este año algo más de un millón de euros, poniendo así fin a cuatro largos años de estricta dieta económica baja en obras. Así se lo comunicó el propio alcalde, Aníbal Vázquez, al movimiento vecinal hace meses. Sin embargo, esta planificación ha quedado en suspenso debido al aluvión de denuncias laborales que tiene sobre la mesa el Ayuntamiento. Los cálculos elevan hasta 1,7 millones el coste de los pagos que se tendrán que abordar, por mandato judicial, al personal laboral y a los contratados del plan de empleo del año pasado. Una de las consecuencias es que las actuaciones previstas han quedado, de momento, suspendidas.
El principal proyecto que se ha visto afectado por los contenciosos laborales a los que tiene que hacer frente ahora el Ayuntamiento es el que recogía la construcción de una gran aparcamiento público en Oñón. La intención de los responsables municipales era la de abordar esta ambiciosa actuación este mismo año. En estos momentos, el proyecto está totalmente paralizado. El gobierno local sostiene que en la actual tesitura económica es "inviable" plantearse una obra así.
El gobierno de IU anunció en el Pleno de diciembre que a lo largo del primer trimestre de 2016 el Ayuntamiento abordaría la construcción del un aparcamiento con más de 250 plazas. La actuación, sufragada por el Consistorio, saldría a licitación con un precio de 230.000 euros. "Además de acabar con los problemas que genera la parcela central de Oñón, de tierra, se mejorará la oferta de estacionamiento en la zona centro de la ciudad y también se aprovechará, con la construcción de una glorieta, para reorganizar el tráfico de acceso al casco urbano", señalaron los responsables municipales de IU.
El gobierno local ya trasladó hace meses a la administración regional un proyecto de urbanización, que incluye la construcción de la citada glorieta de distribución de tráfico en la conexión de las calles Numa Guilhou y Avenida de México.
Sogepsa dio el visto bueno a la iniciativa planteada por el Ayuntamiento. Así, todo estaba listo para abordar la actuación, que estaba recogida en el borrador presupuestario de este año. Las denuncias laborales frenaron primero la tramitación de las cuentas. El gobierno local asume ahora que no podrá ejecutar la citada obra. Los 1,7 millones de euros que deberá pagar por los contenciosos laborales abiertos lo han cambiado todo.
