El Pleno del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio dio luz verde ayer -con el apoyo de PSOE. PP y Somos y la abstención de IU- a la petición de un crédito para afrontar el pago de 175.879 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. La deuda corresponde al desfase en la cotizaciones laborales de 28 trabajadores municipales de personal laboral que fueron nombrados funcionarios de forma ilegal, según una sentencia del TSJA ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo. Al ejecutar ese fallo, el Consistorio debe hacerse cargo de ese desajuste en las cotizaciones, vinculado principalmente a las retenciones por desempleo. El PP criticó ayer la "negligencia" e "inacción" de los gobiernos locales del PSOE, que "desde 2006 han venido negándose a ejecutar la sentencia para no afrontar el problema".

La deuda afecta a las anualidades de 2012 a 2016, ya que los ejercicios anteriores han prescrito, y a un total de 18 trabajadores, ya que parte de los que se vieron implicados en origen en el procedimiento ya no forman parte de la plantilla municipal.

El proceso se inició en 1998, cuando el Ayuntamiento de San Martín acordó en sesión plenaria convertir en funcionarios a 28 trabajadores, pese a las presiones del Ejecutivo central. El acuerdo fue impugnado por la Delegación del Gobierno en Asturias y se inició un largo pleito judicial que concluyó en 2005, al anular el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) el nombramiento. Un año después, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación planteado por el Ayuntamiento y ratificó el fallo. "Pese a las reiteradas peticiones del Partido Popular para que se ejecutara la sentencia, los sucesivos gobiernos locales del PSOE no hicieron nada, lo que nos ha llevado hasta esta situación", indicó Alfonso Orviz, portavoz del grupo municipal del PP de San Martín.

La deuda con la Seguridad Social es de 175.879 euros, de los que 146.566 corresponden al desfase de las cotizaciones entre funcionarios y personal laboral, y 29.313 euros al recargo. El procedimiento sólo afecta al Ayuntamiento y no a la plantilla, ya que las condiciones retributivas son las mismas para trabajadores de la misma categoría según el convenio municipal, independientemente de si son funcionarios o personal laboral. "La justificación del gobierno local para asumir ahora la sentencia es que hubo un error administrativos, ya que no se acordó de forma expresa la ejecución del fallo, pero lo cierto es que han venido demorándolo desde hace años", aseguró Orviz.

El portavoz del grupo municipal popular señaló que "todo esto es consecuencia de la negligencia y de la inacción de los equipos de gobierno del PSOE en el Consistorio. Ahora debemos enfrentarnos a un crédito para pagar la deuda con la Seguridad Social cuando la salud de las arcas municipales no es precisamente la mejor", concluyó Alfonso Orviz.