La Unión Europea seguirá financiando a partir de 2027 proyectos ligados a la investigación en el sector del carbón y del acero. Así lo confirmó la Comisión Europea al eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández, que había preguntado al organismo comunitario adónde iban a ir a parar los 7.000 millones de euros de activos de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) una vez que este organismo desaparezca 2027.
Fernández explicó que "la CECA venía prestando créditos para temas de innovación que tenían que ver con el carbón, en ámbitos como la mejora de eficiencia de la combustión, la reducción de emisiones y mejora de este tipo de tecnologías". El europarlamentario agregó que ese dinero lo va a heredar, una vez se cierre definitivamente la CECA, el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero que dará continuidad a las inversiones. Sin embargo, las dudas radicaban en si los 7.000 millones de activos iban a pasar directamente a la cuenta de la Comisión Europea "de una manera aséptica y sin ninguna referencia al carbón".
Sin embargo, la CE ha resuelto las dudas. La Comisión Europea explica en su respuesta a Jonás Fernández que esos 7.000 millones "van a incorporarse a las políticas de innovación de la comisión para seguir financiando proyectos vinculados a la mejora y eficiencia del carbón". Como son la Ciudad de la Energía (Ciuden) de Ponferrada, la central térmica de La Pereda de Hunosa u otras iniciativas vinculadas a los usos alternativos del carbón que busquen la viabilidad económica y ambiental del mineral.
Para Jonás Fernández la respuesta de la Comisión Europea supone "una satisfacción, ya que nos parece una noticia muy positiva que esa cantidad tan importante de dinero se vincule al carbón y no se vaya a perder". "Supone una minivictoria dentro de una guerra mucho más amplia", afirma. Y es que para Fernández, la principal batalla a lidiar con Europa pasa por modificar la famosa Decisión 787 que obliga a devolver las ayudas estatales recibidas desde 2010 a las empresas mineras rentables que quieran seguir extrayendo carbón. "Está claro que esa va a ser una batalla muy complicada, ya que el Gobierno de España no está acompañando en la lucha por defender el sector minero", aseguró Fernández. "El plan de cierre de los próximos años es el que es, y sería más fácil si el Gobierno del PP nos ayudara, porque tememos que nos vayan a quedar muy pocas minas que defender", argumentó, para dejar claro que desde las filas socialistas, "vamos a seguir dando la batalla hasta el último día para que se revierta esta decisión europea y las empresas puedan seguir produciendo carbón más allá de 2018".
Es precisamente este asunto la gran espada de Damocles del sector minera. A la reducción paulatina de las ayudas públicas que se ha venido produciendo los últimos años hacia las empresas mineras, tanto por sus explotaciones de interior como por los cielos abiertos, se une la obligatoriedad de devolver todo lo recibido entre 2010 y 2018, aunque hayan llegado a ser competitivas, una situación que seguramente ninguna empresa estaría en condiciones de afrontar. La batalla en Europa continúa, aunque cada vez queda menos tiempo.
