El Principado ha fijado la frontera entre Langreo y San Martín del Rey Aurelio tras años de discrepancias entre los dos concejos. La línea que marca sus límites territoriales ha quedado trazada y ratificada por el Consejo de Gobierno, que al igual que ocurrió previamente con el informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Fomento, se basa en el deslinde practicado en 1889, en línea con lo defendido por el Ayuntamiento de Langreo.

A lo largo del procedimiento, Langreo apoyó el estudio realizado por el IGN, aunque ya antes era coincidente con sus tesis en gran parte del trazado. Ambos se basaron en el deslinde entre los dos concejos practicado en 1889 mientras que San Martín lo hizo en la línea establecida en 1918. El Principado decide también que las actas válidas son las de 1889, dando por tanto la razón al Instituto Geográfico Nacional y a Langreo. Basa su decisión en que son los "documentos más antiguos, de entre los existentes conocidos, que reflejan una operación realizada de conformidad con los concejos interesados".

Mientras que la línea trazada en 1918 "no sólo no fue practicada de común acuerdo entre los ayuntamientos sino que, además, es posterior en el tiempo", señala el Principado en el documento, según el que los pueblos ubicados en el área de conflicto (El Carbayal y Foyeo) seguirán siendo langreanos. El litigio se centró en una superficie de 306 hectáreas. Con este acuerdo que delimita el territorio de los dos concejos se pone fin a la vía administrativa y cabe la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) en el plazo de dos meses.

Tras trasladar el Instituto Geográfico Nacional su informe, que no es vinculante, sólo el Ayuntamiento de San Martín presentó alegaciones. El estudio y la decisión final correspondían al Gobierno regional. En el documento, la Consejería de Infraestructuras admite que han existido problemas para "salvar las dificultades interpretativas del acta de 1889", como afirma el Ayuntamiento de San Martín, pero "no es insalvable" ya que el Centro de cartografía y el IGN han recurrido a otros documentos que permitieron conocer cuál era la ubicación de los mojones. El Principado asume los argumentos dados por el organismo dependiente del Ministerio de Fomento para defender que el acta de deslinde válida es la de 1889.

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, aseguró que el deslinde realizado surge de la "interpretación más racional, que no la defendimos sólo nosotros. Tiene lógica y equilibrio". No coincide totalmente con la tesis inicial de Langreo aunque después se sumó a la diseñada por el organismo dependiente de Fomento. El alcalde de San Martín, Enrique Fernández, no se pronunciará hasta que los técnicos municipales analicen el acuerdo. Los dos concejos recurrieron al Instituto Geográfico en 2012 ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo.