08 de diciembre de 2018
08.12.2018

La zona rural busca cómo escapar de una subida del IBI de hasta el 545% hasta 2022

El movimiento vecinal de Mieres denuncia que "la chapucera revisión catastral" de 2014 introdujo errores en los cálculos de los recibos

08.12.2018 | 01:36

El movimiento vecinal de Mieres se ha embarcado en una ofensiva contra el "desmedido e injusto" incremento de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), un frente que amenaza con extenderse rápido por toda la zona rural de los valles mineros. Dos son la quejas que plantean en bloque las asociaciones mierenses. Por un lado consideran una "tremenda chapuza" la revisión catastral realizada en 2014 y, por otro, reclaman un trato fiscal a los pueblo más ajustado a los "reducidos" servicios que perciben. Y es que según apunta un estudio de campo realizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Mieres, el actual proceso de revisión catastral concluirá en 2022 con subidas que, en muchos casos, conllevarán quintuplicar la cuantía de los recibos de la conocida popularmente como "contribución".

La Agrupación Vecinal de Mieres puso ayer cifras a las quejas que desde hace meses se escuchan en el medio rural no sólo de Mieres, sino de otros municipios de las Cuencas, como Lena. Según los datos recabados por este colectivo, que engloba a más de medio centenar de asociaciones, los propietarios de inmuebles ubicados en el ámbito rural del municipio habrán visto en 2022, fecha en la que concluirán la reducciones acopladas a la revisión catastral de 2014, incrementos sus recibos en desviaciones que pueden oscilar entre el 545,7 y el 498,5 por ciento. Se trata de las subidas más altas previstas según los tramos. En el caso de los pisos urbanos, la oscilación más prejudicial para los dueños de estas viviendas se quedaría entre un 117,8 y un 100,9 por ciento.

El movimiento vecinal planteo ayer reclamaciones concretas. Las asociaciones piden medidas correctoras de la valoración colectivas de 2014 que "corrija los errores en la aplicación de los coeficientes". Del mismo modo, ven necesario que el Ayuntamiento busque encajar la zona rural del municipio en alguno de los supuestos que la actual legislación permite, por ordenanza, para la concesión de bonificaciones que podrían ser de hasta el 90 %.

"La discriminación que está sufriendo el medio rural es tremenda y evidente", remarcó ayer Arsenio Díaz Marente, presidente de la Federación. El movimiento vecinal ha detectado dos grandes problemas. El primero es que, a su juicio, la revisión catastral abordada hace cuatro años está llena de errores: "Hay muchos fallos a la hora de calificar las tipologías de las viviendas y su antigüedad, lo que afecta a los coeficientes que se aplican para calcular el importe final del impuesto. En muchos casos estas desviaciones doblan la cuantía del coste fiscal", señala Raúl Jovino López, vicepresidente de la agrupación vecinal mierense. Las asociaciones acusan al Ayuntamiento de no haber adoptado en su momento las medidas necesarias para asesorar a los vecinos y canalizar unas alegaciones que al final, mayoritariamente, no se realizaron: "Las notificaciones catastrales son aún más complejas que la factura de la luz".

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