El "desmedido" incremento de los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) está abriendo una profunda fisura en las relaciones entre el movimiento vecinal de Mieres y el gobierno de Aníbal Vázquez (IU). La Agrupación Vecinal de Mieres, colectivo que engloba a más de 50 asociaciones, acusó ayer al Alcalde de "escudarse" en el Catastro para no asumir "sus propias responsabilidades". Para este amplio colectivo es "insuficiente" que el Ayuntamiento pretenda ahora solicitar a la citada gerencia territorial una revalorización de la actualización catastral que se abordó en 2014 y que, según recoge un informe de la agrupación vecinal, incurrió en graves errores que a la larga han provocado subidas de la llamada contribución que hasta quintuplican los pagos anteriores. El primer reproche apunta que el gobierno local debería haber supervisado personalmente el procedimiento. Pero hay muchas más quejas.
A la Agrupación Vecinal de Mieres no le basta que el Ayuntamiento tenga previsto solicitar una reunión con la Gerencia Territorial del Catastro para abordar las quejas de los vecinos referentes al "desmedido e injusto" incremento del IBI. "Ya está bien de ponerse de perfil y no asumir responsabilidades. La petición al Catastro, para empezar, llega tarde, ya que el mismo trabajo de campo que hemos hecho las asociaciones para medir el alcance de los errores cometidos en la revisión de 2014 lo podía haber hecho en su momento el Ayuntamiento con muchos más medios", apuntó ayer Arsenio Díaz Marentes, presidente de la citada plataforma ciudadana. Partiendo de esta crítica, el movimiento vecinal considera que el Alcalde busca desviar la atención: "El Ayuntamiento es parte implicada de la desmedida subida del IBI en los pueblos y está en su mano, vía ordenanza, aplicar las bonificaciones que la ley recoge para la zona rural", remarca Díaz Marentes.
La petición vecinal, que ya abanderó en su momento la plataforma "La Güeria San Juan también existe", plantea que la calificación de las viviendas de la zona rural pase de urbana a rústica, con el consecuente cambio de consideración fiscal y la oportuna rebaja en la "contribución". Así, una de las peticiones que hacen las asociaciones vecinales es que a las viviendas de los pueblos se les deje de aplicar un coeficiente urbano, beneficiándose de las reducciones contempladas para la zona rural: "Un problema, cuya solución está en manos del Ayuntamiento, es que hay casas rodeadas de monte, donde apenas se prestan servicios, que tienen la calificación de urbana cuando deberían ser considerados inmuebles rústicos", subrayó Marentes. En su momento, un gran número de asociaciones ya abogaron por iniciar un contencioso judicial contra el Ayuntamiento ante la negativa municipal a dar los pasos necesarios para alterar las calificaciones.
El aumento del recibo del IBI ha desencadenado una tormenta que en su momento el Ayuntamiento evitó cuando, en 2013, procedió a revisar al alta casi toda la tributación municipal. Entonces el Consistorio estaba casi en bancarrota y el movimiento asociativo se mostró indulgente. Ahora, a los dirigentes vecinales no les ha gustado que desde el gobierno local se les recuerden los esfuerzos hechos para reducir la deuda: "Los esfuerzos los hemos asumido principalmente los vecinos, con una enorme subida fiscal sin apenas recibir servicios a cambio". Díaz Marentes pide al Alcalde que apunte a los políticos que causaron la deuda: "El regidor se comprometió a encargar una auditoria para evaluar las cuentas municipales y no lo hizo". IU se limitó a hacer público un informe realizado por técnicos municipales.
