Un expediente interno abierto por el Ayuntamiento de Langreo por el supuesto acoso laboral a una trabajadora municipal, que derivó en el traslado a otros destinos de sus siete compañeros, todos ellos varones, ha destapado "graves irregularidades" en el servicio de Cementerios que ya están siendo investigadas por la Fiscalía. Esas presuntas irregularidades consisten en la venta como chatarra de elementos metálicos de las lápidas, la aceptación de gratificaciones de entre cinco y diez euros de las funerarias por cada entierro y el cobro por pequeños trabajos en las tumbas encargados por las familias de los fallecidos. "Actuaremos con todas las consecuencias. Un trabajador municipal no puede aprovecharse de su puesto para lucrarse", afirmó el alcalde, Jesús Sánchez.

Todo parte de una investigación por acoso laboral a la única mujer que había en el servicio de Cementerios, indicó Sánchez: "El 4 de diciembre firmé una resolución abriendo un expediente sobre unos hechos que venían aconteciendo desde septiembre y octubre. Una trabajadora denunció a su superior que un trabajador de su mismo servicio, de Cementerios, hacía insultos muy graves hacia las mujeres con expresiones soeces que prefiero no repetir. Ante esa denuncia, el jefe de servicio lo notifica a Personal y se abre un expediente".

A finales de febrero, mientras se completa el expediente, la trabajadora, a través de un representante sindical, denunció que la actitud de acoso hacia ella había aumentado. "Se le hacía el vacío, se la dejaba aislada y sola en los cementerios, se escupía cuando pasaba... Y todo pese a que en la apertura del expediente se había advertido a los trabajadores de que cesasen en esa actitud", afirmó el alcalde. La mujer llegó a declarar que la dejaron en el interior de una tumba, tras retirar la escalera.

El 21 de febrero, prosiguió Sánchez "pongo en marcha una resolución en la que, para preservar a la presunta víctima, decido apartar del servicio tanto al encargado, que decía no saber nada, como a los seis trabajadores que estaban con ella en Cementerios. Decido que vayan a otro destino, a Limpieza, y se coge gente de otros servicios para ocupar los puestos de Cementerios. Si ella era la víctima no podía ser la trasladada. Hubo algún incidente y algún amago de insultos que derivó en una denuncia policial".

En la tramitación de ese expediente, no sólo se observa "ese posible delito de acoso y de odio de género, que me parece gravísimo", sino que en declaraciones y documentación que se analiza "se observan dos irregularidades graves más que obligan a que el 6 de marzo se parara la tramitación del expediente para notificarlo al Fiscal", añadió Sánchez.

Una de esas irregularidades consiste en que, por parte de un trabajador de Cementerios (el mismo acusado por la trabajadora de iniciar el acoso), "se ha procedido a la venta de chatarra procedente de los restos de las exhumaciones. Hablamos de piezas de materiales como aluminio y acero inoxidable de las partes metálicas de las lápidas, chatarra que se deja y que lo obvio sería que el Ayuntamiento acumulara y procediera a la venta posterior. Tenemos dos facturas de venta a un chatarrería, de aproximadamente 500 kilos de chatarra a nombre de este señor".

"La otra cuestión, que está comprobada, porque tenemos las pruebas, el dinero, y además lo comprobamos con las funerarias" -argumentó el regidor- "es que venían recibiendo entre cinco y diez euros por cada entierro", un dinero que "al parecer se repartían". "Eso fue entregado por parte del encargado al jefe de servicio y a mí en un estuche que, por cierto, era de propaganda de un sindicato, con una cantidad de dinero fruto de varios días de acumular en los entierros. Es evidente que había un descontrol del servicio y la prueba es que seguimos recibiendo cinco euros de cada entierro".

Otro punto que se está investigando es que, presuntamente, hacían "trabajos relacionados con cementerios cuando lo tienen radicalmente prohibido por convenio. Encargabas que te hiciesen la lápida y la hacían ellos pero eso tenemos que probarlo. Tenemos recibos de gente, pero hay que probarlo". "No vamos a permitir ese tipo de actitudes. Un trabajador municipal no puede recibir dinero de los vecinos por cumplir con su obligación. Esto no es un cortijo particular, es una administración pública", concluyó el Alcalde.