La sección segunda de la Audiencia analiza este viernes las cuestiones de nulidad planteadas por la defensa de Marta Rama, presunta autora, junto a Nelson Dos Anjos, del asesinato de Iván Castro, perpetrado en un garaje de La Felguera el 7 de diciembre de 2017. El juicio tendrá lugar, previsiblemente, antes del verano, tres años y medio después de los hechos. El abogado de Rama, Sergio Herrero, ha pedido la nulidad de las actuaciones en lo que se refiere a las escuchas realizadas a la pareja o los datos de geolocalización de sus teléfonos móviles. Las acusaciones pedirán presumiblemente que se rechacen estas peticiones.
Para intentar aclarar el asesinato de Iván Castro, la Policía llegó a “sonorizar”, esto es, poner micrófonos, incluso en la habitación en la que dormían Marta Rama y el taxista portugués. Fue de esas grabaciones en la intimidad de la pareja, así como del estudio de sus comunicaciones y del posicionamiento de sus teléfonos móviles, como la Policía pudo sacar las evidencias que llevaron a la resolución de este complejo caso. La posterior autoinculpación de Nelson Dos Anjos no hizo más que corroborar la investigación y presentar a Marta Rama como una auténtica “viuda negra”, una mujer que habría manipulado al taxista hasta conseguir su objetivo, deshacerse de Iván Castro. El caso guarda más de una similitud con el juzgado en Valencia, el de Maje, condenada a 22 años de prisión por inducir a su amante a matar a su marido.
Como en el caso de la valenciana, en la investigación del crimen de La Felguera salió a la luz que la mujer tenía varias relaciones paralelas, un aspecto que podría afectar a la imagen que pueda hacerse de ella el jurado. Por ello, ahora, su defensa, a cargo del letrado gijonés Sergio Herrero, trata de expulsar del proceso toda referencia a los amantes de Marta Rama, aduciendo que se trata de un aspecto de la intimidad de la mujer que no afecta al delito investigado.
También pide la anulación no solo de los datos de posicionamiento de los móviles de la pareja, sino las escuchas realizadas y hasta las declaraciones que realizaron ante la Policía en calidad de testigos, puesto que en ese momento ya eran sospechosos y de esa forma los agentes pudieron interrogarles sin presencia de sus abogados. Herrero llega a pedir al tribunal que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, al considerar que la legislación española sobre los geoposicionamientos vulnera la normativa europea
Quiere anular además los contenidos de las conversaciones de Whatsapp. La jueza del caso ordenó el 14 de diciembre de 2017 la interceptación de las comunicaciones de Marta Rama hasta el 31 de diciembre, recabar el tráfico de llamadas del 20 de noviembre al 10 de diciembre de 2017 y el geoposicionamiento entre 1 y el 9 de diciembre de 2017. Para el letrado, no había base indiciaria suficiente que justificase la decisión, se podía haber obtenido información por medios menos intrusivos y no estuvo motivado. Lo mismo se pide respecto a las escuchas telefónicas realizadas entre el 22 de mayo y el 9 de octubre de 2018. Y otro tanto respecto a la “sonorización” de la vivienda de los dos acusados, que ocurrió entre el 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2018, y que dio como resultado la detención de los mismos.
