El laicismo no es otra cosa que defender la independencia de la sociedad y especialmente del Estado de toda influencia religiosa o eclesiástica, por lo que, aunque en estos tiempos de cambalache y confusión se confunda con el ateísmo, el caso es que tan laico puede ser un descreído como un devoto siempre que tenga claro que las creencias son algo personal y por ello las ceremonias religiosas deben ser independientes de los actos políticos.
Esta norma, que se sigue desde hace años en muchos países civilizados, aún no es general en España donde todavía podemos ver en muchos pueblos y capitales como las autoridades municipales, que representan a toda la ciudadanía, presiden procesiones y ocupan lugares de preferencia en las misas mayores de sus localidades, a pesar de que el artículo 16 de la Constitución española dice en uno de sus puntos que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.
Aunque tampoco incumplen ninguna ley, ya que si seguimos leyendo la misma norma veremos como “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Y como se indudable que en muchas regiones esas creencias están muy arraigadas, pues la cosa queda justificada por el aval de los españoles que votaron nuestra Carta Magna el 6 de diciembre de 1978.
Dicho esto, vayamos un poco más atrás. Hasta el 5 de junio de 1971, cuando la religión católica gozaba de la protección oficial y no se concebía ninguna inauguración ni ceremonia sin la pertinente bendición. Ese día se abrió en Mieres la nueva sede de Correos y Telégrafos con la presencia del presidente de la Diputación, delegado de Información y Turismo de Asturias, secretario general del Gobierno Civil y otras autoridades locales encabezadas por el alcalde de esta villa, pero ante la sorpresa de todos no acudió ninguna representación eclesiástica.
En aquella época esta era una situación anómala de la que había que salir como se pudiese y la solución fue aún más insólita porque nuestro regidor decidió atribuirse también el papel de oficiante y se decidió a bendecir él mismo aquellas instalaciones. Les cuento como sucedió todo.
Celso Antuña era –y es– un hombre emprendedor, muy conocido y estimado por su trabajo en la mina Tres Amigos donde impulsó la Hermandad de Santa Bárbara. Había llegado a la Alcaldía de Mieres el 18 de septiembre de 1970 en un momento delicado, cuando este pueblo todavía se resistía a aceptar que la crisis era imparable y se mantuvo en el cargo hasta el 25 de mayo de 1977 para ser sustituido por Julio Ferreiro, quien fue el último regidor antes de las primeras elecciones de la democracia.
A Celso Antuña le toco vivir uno de los períodos más tensos de la reciente historia de España, marcado por el proceso 1001 contra las aún ilegales Comisiones Obreras y el fallecimiento de Francisco Franco y siempre con el telón de fondo del terrorismo, con acciones tan espectaculares como el atentado contra el almirante Carrero Blanco. Además, a este agitado panorama nacional hubo que añadir los episodios que afectaron particularmente a esta villa, como la muerte accidental del lenense Juanín Zapico, que había desarrollado gran parte de su lucha sindical en Mieres o el encarcelamiento de la joven maestra Mari Luz Fernández que provocó una fuerte movilización a favor de la amnistía.
Pero la vida municipal siguió su propio curso y entre los proyectos que Celso Antuña llevó a cabo estuvo la construcción de un edificio de cinco plantas destinado a albergar en el sótano, planta baja y el primer piso las oficinas y despachos de Correos y Telégrafos, y el resto a viviendas para empleados municipales.
La financiación, que superó los trece millones de pesetas, se logró gracias a una subvención del Ministerio y al producto de la venta del material de los fallidos trolebuses y de la luz, más un préstamo de tres millones de la Caja Postal de Ahorros. Además, el acuerdo con Correos se hizo a cambio de una renta anual de 460.000 pesetas y las viviendas se ofrecieron a los empleados a un precio especial del que debían pagar inicialmente la mitad y el resto en diez años, con lo que la amortización de lo invertido estuvo garantizada.
Los nuevos locales se situaron en un lugar céntrico de la población, en la confluencia de las calles Ave María (actualmente Leopoldo Alas “Clarín”) y Valeriano Miranda, y hasta allí acudieron aquella mañana las autoridades, entre las que se encontraba, como hemos adelantado, el presidente de la Diputación, cargo que ocupaba entonces Guillermo Lorenzo Suárez, que también había sido alcalde de Mieres hasta la toma de posesión de Antuña y a quien este agradeció sus desvelos para que el proyecto hubiese llegado a feliz término. Pero tras estas palabras, se hizo evidente que faltaba un oficiante religioso, imprescindible en aquel régimen que se definía como nacional-católico.
La razón estaba en el enfrentamiento que mantenía con el Estado el sector más progresista del clero, representado en Mieres por los párrocos de San Pedro, Benigno Pérez Silva, y de San Juan Bautista, Nicanor López Brugos. Don Benigno había divulgado el Concilio Vaticano II por España y América desde 1965 hasta 1969, y tras regresar a Mieres desarrollaba aquí un proyecto de catecumenado organizando un programa pastoral quinquenal y era conocido por sus homilías en las que se defendían los derechos de los trabajadores y a las que solía acudir la policía secreta para elaborar los informes pertinentes.
Por su parte, Don Nicanor había participado en enero de 1970 en una insólita huelga de misas junto al párroco de Barredos, después de que se hubiese publicado en el Boletín Oficial del Arzobispado un escrito redactado por 40 sacerdotes y 13 seglares en el que bajo el título “Enjuiciamiento pastoral sobre la actual situación de las Cuencas Mineras” se pasaba revista a la creciente crisis que estaban viviendo nuestros territorios. Pero, además, incluso el obispo Gabino Díaz Merchán parecía estar en esta línea, ya que en medio de este movimiento había decidido bajar al Pozo San Jerónimo, en Teverga, para mostrar su solidaridad con las reivindicaciones de los trabajadores.
El día de la inauguración Celso Antuña tuvo que explicarse ante las autoridades y el público asistente y según la crónica que publicó Luis Fernández Cabeza en LA NUEVA ESPAÑA, lo hizo contando como “a pesar de haber cursado invitaciones al clero de Mieres para que asistiese oficialmente a bendecir las instalaciones dedicadas al servicio público, el titular de la parroquia de San Juan dijo que no asistía; el de la parroquia de Santa Marina manifestó que asistiría, pero más tarde llamó al Ayuntamiento para decir que a esa hora tenía una reunión de compromiso; y, finalmente, se invitó al de la parroquia del Carmen, regentada por padres Pasionistas, que también prometió asistir , pero luego se excusó para no enfrentarse con los otros sacerdotes”.
El alcalde criticó la postura de estos curas, y tras recordar la pasada huelga de misas y decir que ahora se negaban a bendecir unos servicios de los que iba a disfrutar todo el pueblo, decidió asumir un papel similar al de esos capitanes de barco que en caso de necesidad ejercen las funciones religiosas y terminó “Aunque yo no estoy investido de ningún poder como ministro del Señor, como católico, con devoción y fe, bendigo estos locales y empiezo el Padrenuestro”.
Y así lo hizo acompañado en la oración por todos los asistentes que terminaron con una calurosa salva de aplausos.
Ya lo ven. Eran unos tiempos convulsos en los que empezaba a resquebrajarse la identificación de la Iglesia católica con el Estado, y la historia nos dice que un colectivo de los propios sacerdotes impulsó desde el principio esta ruptura.
El 25 de septiembre de aquel 1971 la Policía Armada desalojó de la parroquia gijonesa de San José a 250 jubilados, muchos de ellos de las cuencas mineras, cuando ya llevaban 9 días de encierro; en aquella acción se produjeron numerosos contusionados y alguno de ellos tuvo que ser hospitalizado. Más tarde, el 14 de febrero de 1973 se inició otro encierro múltiple en varias iglesias asturianas, entre ellas la parroquia de San Juan de Mieres, donde la nave del templo se mantuvo ocupada unos días, respetando el desarrollo de los cultos, hasta que la fuerza pública procedió al desalojo. En los años que siguieron el mismo templo mierense sirvió de escenario a algunas asambleas de mineros.
Por su parte, Celso Antuña es recordado como un alcalde cercano y eficaz. Desde luego, no cabe duda de que tuvo habilidad para resolver las situaciones comprometidas.
