El Gobierno de España no ha invertido ni un solo euros de los 250 millones previstos el plan del Carbón 2019-2027 para infraestructuras y proyectos empresariales en las comarcas mineras. Al menos eso se desprende de la reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada ayer entre el Instituto para la Transición Justa, los sindicatos mineros y la patronal Carbunión. De hecho, es el propio Gobierno estatal el que afirma que el dinero invertido hasta la fecha en los últimos tres años viene arrastrado del plan anterior (2013-2018) y de los retrasos en el mismo. Lo que si aceptaron en Madrid fue estudiar la ampliación del plazo hasta 2027 –acababa el próximo año 2023– para la presentación de iniciativas para financiar con los fondos mineros del último acuerdo, tal y como solicitaron desde las centrales y desde los ayuntamientos mineros adscritos a la Asociación Comarcas Mineras (ACOM-España).
Según explicaron ayer en la reunión, celebrada telemáticamente, el Instituto para la Transición Justa "ha adjudicado hasta junio de 2022 ayudas directas a municipios por valor de 129 millones, con un presupuesto total de 176 millones, para 104 proyectos destinados a mejorar los servicios, infraestructuras y el medioambiente de las zonas mineras de Aragón, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha y Castilla y León". En concreto, para Asturias han sido casi 70 millones de euros, divididos en 59 proyectos. La inversión total, contando la parte que aporta el Gobierno del Principado, se sitúa en los 92,2 millones de euros. Pero el propio ministerio matiza que estas ayudas "vienen del marco anterior, y se ampliaron los plazos que terminaban en diciembre de 2020 a petición de comunidades autónomas y ayuntamientos". Por lo tanto, de los 250 millones previstos en el último acuerdo firmado y válido para el periodo 2019-2027, desde el Gobierno no se ha gastado ni un solo euro, por el momento.
En lo que si parece haberse mostrado sensible el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico es en una nueva ampliación de plazos respecto a lo firmado para recibir iniciativas a financiar con los fondos mineros del plan actual. En principio, el documento base especificiaba que los ayuntamientos podían presentar proyectos hastas 2023, y la ejecución de los mismos podía ir a 2027. Sin embargo, el parón administrativo derivado también de la pandemia hizo que no se tramitaran proyectos, y que ahora el tiempo corra demasiado rápido. Por ello, los propios alcaldes a través de ACOM solicitaban esta prórroga, que ahora el Instituto para la Transición Justa parece que va a estudiar. La idea es que se puedan presentar proyectos para financiar ocn estos 250 millones de euros del plan actual hasta el año 2027.
La directora del Instituto, Laura Martín Murillo, señalaba al término de la reunión que "Estamos muy contentos de haber obtenido un avance tan significativo en elementos fundamentales del acuerdo". En este sentido, indicaba que la mayor parte de las soluciones acordadas ya se han cumplido por parte del Instituto para la Transición Justa: "Las ayudas a los trabajadores, las ayudas a la restauración de las empresas, el servicio de orientación y recolocación, y la articulación con las comunidades autónomas para que el Plan de Restauración incorpore los inscritos a la bolsa de empleo del ITJ, entre las principales cuestiones".
Seguimiento
Además, la responsable del organismo estatal señalaba que "las ayudas a empresas e infraestructuras continuarán este año y el próximo hasta cumplir con los objetivos del Acuerdo firmado", explicando que en la actualidad, el principal problema no es de fondos, sino de "capacidad de absorción de las ayudas debido al importante volumen de fondos nacionales y europeos desplegados y los que se van a desplegar próximamente". "Desde el Instituto para la Transición Justa estamos haciendo un seguimiento muy cercano de los proyectos en marcha y de las necesidades en territorios de transición justa para adaptar necesidades concretas a los apoyos disponibles", añadió Martín Murillo.
Precisamente en esta línea, desde el Ministerio se explica que el plazo para la presentación de proyectos al Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia (PRTR), fondos que vienen desde Europa, está abierto hasta el 2 de agosto. Apunta el Gobierno que existen una partida de 91 millones de euros "destinadas a los municipios incluidos en las zonas de transición justa, de los cuales un número significativo está vinculado a la minería del carbón". Y de esto se quejaban el martes los sindicatos mineros y los alcaldes, ya que este modelo de ayudas conlleva un proceso de "concurrencia competitiva" en la que los ayuntamientos mineros se ven en desventaja con otros municipios que puedan optar a las mismas.
Recolocación
En el apartado de la recolocación de excedentes mineros, actualmente solo hay 55 personas trabajando en la restauración de espacios mineros degradados, que el Ministerio esperan que se aumenten a la totalidad de los excedentes con el inicio de nuevas obras de restauración Asturias y Castilla y León.
Desde CCOO de Industria, valoraron que "después de 48 meses desde que firmamos el Acuerdo, de momento sólo podemos confirmar la contratación de 55 personas de la bolsa de empleo en la restauración de las minas cerradas, algo que es terrible", al tiempo que lamentaron que "los trabajadores y trabajadoras todavía no han iniciado la formación para las nuevas capacitaciones y la reactivación de las comarcas mineras todavía no está activada".
Mientras, desde FICA-UGT, federación a la que está adscrita el SOMA, exigieron "el cumplimiento del plan del Carbón en su totalidad", al tiempo que exigieron el impuslo tanto de los apartados de reactivación de las comarcas mineras, como también de los planes de recolocación.
