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Clamor contra el "narcopiso" de Mieres: "Llevamos tres años esperando un registro"

La comunidad de vecinos del edificio critica que no se facilite la entrada de la Policía: "Parece que la ley esta hecha para proteger al delincuente"

Vecinos de la comunidad, el mes pasado, durante una protesta. | D. M.

Los vecinos de uno de los bloques de la urbanización Buenavista, en pleno centro de Mieres, llevan ya tres años conviviendo diariamente con el tráfico de drogas. Tras movilizarse y convocar varias protestas, esta comunidad afirma estar ya la "límite" de su capacidad de tolerancia. Así, apelan al Juzgado casi como un ruego. Piden que se facilite a la Policía Nacional poder hacer registros en la vivienda, explican, que desde 2019 utilizan presuntamente dos mujeres para vender todo tipo de sustancias estupefacientes.

Los vecinos apuntan que son decenas los drogodependientes que cada día acuden a este céntrico "narcopiso" . Y eso que la vigilancia policial es intensa en la zona, con decenas de actas por tenencia de droga en la calle: "El problema es que los agentes, a pesar de su buena predisposición, no pueden acceder al interior del domicilio sin la oportuna orden judicial. Llevamos tres años esperando un registro", apunta Francisco Cienfuegos, uno de los portavoces de la comunidad. "La única solución es que los Juzgados faciliten poder acceder al piso y así poder desmantelar la actividad". Los vecinos valoran el trabajo de la Policía Nacional, pero están desencantados con la justicia: "Los policías vienen con frecuencia e intervienen en los alrededores, ya que no tienen autorización de acceso al piso, pero el problema es que las leyes parecen estar hechas para proteger a estos delincuentes".

Los vecinos se enfrentan a un problema que les ha deteriorado gravemente las condiciones de vida. En diversas ocasiones han sufrido al intentar limitar los "descontrolados" accesos al portal en horas y condiciones intempestivas. "En este domicilio se producen de forma permanente disputas con palabras groseras, malsonantes y con tal intensidad que provocan incomodidad y malestar en el resto de viviendas", apuntan.

Impotencia y resignación

La comunidad convive con la situación que les sobrevino hace tres años con más impotencia que resignación. No entienden el desamparo en el que se encuentran. Perciben que un "negocio" que además de ser tremendamente nocivo es abiertamente ilegal disfruta de una protección de que en ningún caso tendría una actividad de carácter comercial que estuviera dentro de la ley: "No solicitamos actuación distinta a la que se produciría en el caso de una actividad comercial legal. En este supuesto, cualquier local estaría sujeto a las oportunas licencias e impuestos de actividades comerciales, así como a inspección de trabajo y sanidad a los efectos reglamentarios", señalan los vecinos. En este misma línea, añaden que cabría esperar que en el caso de una actividad con permisos, de no reunir las condiciones legales, "se prohibiría la actividad en ese local y se establecería, por la fuerza, la imposibilidad de efectuar la actividad procediéndose incluso a intervenir en el establecimiento. Nos parece obligado que las autoridades municipales, fiscales y legales tomen cartas en el asunto".

El aguante de los vecinos está ya agotado. Explican que su drama comenzó hace aproximadamente tres años, cuando una mujer y su hija se instalaron en un piso propiedad de una vecina con problemas de adicción. "Desde entonces se han dedicado a vender droga, atrayendo a clientes de toda la comarca", apunta Juan Ignacio Fernández. Las actas policiales han confirmado una intensa venta de cocaína y heroína.

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