¿Fue el fracaso del último Estatuto para Cataluña el que desencadenó esta profunda crisis institucional que afecta a todo el Estado; o estaba larvado el proceso de desafección catalana desde hacía mucho tiempo atrás y no se supo o se quiso afrontar?
Los interrogantes ante la "cuestión catalana" son tantos como interlocutores se nos ocurran convocar. Ni siquiera desde personalidades del mismo espectro político la pregunta sería la misma, porque esta se fórmula en función de la respuesta que deseamos obtener. Hay una especie de "perversión" de todo lo que tiene que ver con este problema que ha pasado a ser un quebradero de cabeza que involucra a gobierno, políticos y ciudadanos, contagiados todos, y que además cuestiona la independencia de los poderes del Estado y con ello socava las bases del ordenamiento jurídico y la credibilidad internacional.
Al margen de las periódicas desafecciones históricas con héroes excesivos y heroicidades maximizadas para indicar que Cataluña siempre quiso y fue más, en las últimas cuatro décadas "la autonomía catalana", sus políticos y sus instituciones estuvieron jugando un peligroso juego de "ahora sí, ahora no" con el Gobierno de España, cuyos dirigentes, de ideologías diversas, consintieron y mimaron, por necesidades de apoyos puntuales, una peligrosa deriva hacia el chantaje permanente.
El vigente Estatuto del 2006 no pareció colmar los intereses de los sectores más lanzados del nacionalismo catalán ni en sus inicios. Fue aprobado en referéndum en junio de aquel año por el casi 74% de los votos, pero votado solo por el 49%. Nació con críticas de quienes veían una concesión del Gobierno nacional hacia los que no querían saber nada de España. Se llevó por delante el tripartito de Maragall que luego reeditarían Montilla y Carod Rovira. El Estatuto fue recurrido y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios artículos. Aunque la prensa publicara que "el TC avala la mayor parte del Estatut", el varapalo del Constitucional exacerbó los ánimos.
Cataluña había apoyado la Constitución Española en 1978 con el 90% de los votos afirmativos y una participación de casi el 68%. Si lo comparamos con el otro gran referente del nacionalismo - el vasco (44% de participación y de ellos el 67% de afirmativos) - podemos concluir que Cataluña fue constitucionalista. A partir de ahí las cosas fueron cambiando, aunque muchos vieron a Pujol un apoyo del gobierno del España. La fractura catalana, basada en la promoción pública (política educativa y medios de comunicación) del "hecho diferencial" se fue abriendo paso.
El diseño autonómico del Estado estuvo marcado en buena medida por las exigencias catalanas. En un guiño a su peculiaridad histórica, el 11 de septiembre de 1977 - antes de aprobada la Constitución Española- se negoció la vuelta de Tarradellas, inaugurando su preautonomía con el restablecimiento de la Generalitat. Después su Estatuto de 1979, que tanta expectación había creado, recreándose en el precedente de la República que acabó como acabó, la furia menguó. El 25 de octubre de 1979 más del 88% de los votantes apoyaron el Estatuto, cierto, pero sólo votaron el 60%. Respecto al referéndum constitucional disminuyó el entusiasmo. Y aún decreció más en el 2006. Alguien podría, simplificando, sostener que "cuánto más se les da menos a gusto están".
Identidad cultural, lengua, tradiciones, el pueblo trabajador y avanzado siempre fueron soflamas lanzadas por el nacionalismo cuyo origen está en la burguesía decimonónica. Si algunos pretenden arreglar la situación con una propuesta federal posiblemente fracasen; el federalismo rebajaría el autogobierno actual, dicen muchos. Se ha repetido hasta la saciedad la idea de una España "zángana y expoliadora", una consigna que fue a más con la crisis económica posterior a 2008 y con el desarrollo de los juicios por corruptelas que aturdieron al ciudadano de a pie.
La irrupción de la Asamblea Nacional Catalana y la CUP obligaron a los partidos de siempre a reorganizarse y ponerse al frente de un proceso que se aceleró. Así, que desde el 2012 los embarcados y los embaucados en la deriva independentista solo admiten "derrota con honor o éxito" sin saber qué es eso. En esto llegó "el golpe parlamentario de 7 de septiembre" de 2017. El desencadenamiento posterior de los hechos ha sido imparable. La Declaración Unilateral de Independencia de 2017, y el referéndum ilegal pusieron "los pelos como escarpias" y patas arriba al Estado. Cargos electos huidos y esparciendo la idea de una España poco menos que dictatorial en una fuga hacia adelante para "internacionalizar el conflicto" como si de dos estados en liza se tratara. El referéndum ilegal consiguió un estallido general. La aplicación de un excepcional artículo constitucional acordado, el 155, de intervención en la autonomía desde octubre de 2017 a junio de 2018, no dio resultado o no se aplicó bien, según quien lo juzgue. Y desde entonces acá así estamos. Cataluña como arma arrojadiza de todos contra todos. ¿Será el independentismo catalán culpable de la involución política de España y de la quiebra de la Constitución en eso del "Estado de las Autonomías" o podrá por fin abandonar la rauxa (la rabia desatada) y recuperar el seny (el sentido común)?
Jordi Amat Fusté, que hoy estará en Ciaño, es un autor reconocido ya por sus estudios sobre la cultura y la situación política catalana actual. Avanza que "el pujolismo puso las bases de esto de ahora". Los arranques de la CUP y la pereza de Rajoy, además, han complicado las cosas. Que "el primero de octubre la realidad irrumpe de manera brutal y quedamos anonadados". Su libro "La conjura de los irresponsables" está considerado de los más lúcidos escritos en los últimos tiempos sobre la ya denominada "cuestión catalana".
