Leía yo recientemente unos trabajos realizados por investigadores del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicados en los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021, en los que se auguraban tiempos de gran malestar social producidos por las consecuencias de la sinPANdemia. Una seria advertencia que las cifras de la actual situación económica que padecemos en nuestro país parecen confirmar, pero que nuestros gobernantes parecen querer ignorar.
¿Estamos, pues, ante lo que se puede considerar un “estallido social”? Esto es lo que, parece ser, preocupa a los investigadores del FMI cuando dejan entrever la alargada sombra del coronavirus, quienes, haciendo un recorrido por la historia, llegan a la conclusión de que pandemia y movimiento revolucionario guardan una muy estrecha relación, como nos recuerdan con la insurrección parisina de 1832 que tuvo como punto de partida la epidemia de cólera-morbus, tal como nos cuenta Víctor Hugo en su magnífica obra de “Los Miserables”, o la revolución alemana, iniciada el 9 de noviembre de 1918, en pleno apogeo de la segunda ola de la llamada gripe española, que trajo el cambio de la monarquía constitucional del Kaiserreich alemán a una República Parlamentaria y Democrática, si bien hay que dejar dicho que la explosión social se había producido en un contexto particular, marcado por la chispa de la revolución rusa de 1917 y la derrota militar de los alemanes en la primera guerra mundial.
Sin embargo, desconfiando de cualquier visión sistemática de la relación entre epidemia y movimiento revolucionario, aunque, a veces, estas conclusiones pueden parecer tautológicas, la cuestión de este vínculo se presenta especialmente grave en el caso de la pandemia coronavírica que sufrimos, entre otras cuestiones, porque, a diferencia de la llamada gripe española de 1918 y otras epidemias sufridas a lo largo de la historia, la covid-19 ha sido y sigue siendo el centro de atención de las sociedades y las economías de todo el mundo desde los inicios de 2020, donde todas las actividades humanas dependen de la evolución que tenga la misma, pudiendo concluir que el efecto retardado de esta sobre la situación social puede tener -va a tener-, efectos devastadores. Más aún cuando la situación previa ya venía siendo bastante problemática, sobre todo, si se tiene en cuenta el aumento de las desigualdades que trajeron las políticas neoliberales en los últimos cuarenta años, creando un caldo de cultivo para las tensiones sociales, especialmente cuando todavía no hemos superado la crisis de 2008 y sus consecuencias.
Es cierto que los gobiernos de todo el mundo han intentado amortiguar el impacto económico y social directo de la pandemia con “escudos sociales” y todo tipo de “remiendos”, a menudo de forma temporal, con casi toda la producción privada en hibernación, pero estos mecanismos están pensados para durar sólo mientras dure la pandemia -algunos de los cuales ni siquiera llegan al interesado-, dejando desprotegida a una parte de la población, en su inmensa mayoría la más precaria y la más pobre.
Por otra parte, las prisas de las empresas por restablecer e incluso compensar las pérdidas registradas durante la pandemia siguen provocando la destrucción masiva de puestos de trabajo: 4.000.000 de parados en España al día de hoy, sin contar los que pueden sumar de los 740.000 que están en los ERTE, ni los 383.800 autónomos que también cobran el paro, los 291.197 que se encuentran realizando cursos de formación o los 393.622 parados que tienen disponibilidad limitada, los cuales incrementarían la cifra total hasta los ¡5.000.000 de parados!
La pandemia, qué duda cabe, ha puesto a las sociedades bajo tensión, y la crisis económica que se avecina podría provocar explosiones sociales sin precedentes. Se trata de una advertencia gratuita para los líderes partidistas, pero estos siguen poniendo “sordina” a la crisis, mirando hacia otro lado y, tras la retórica de la lucha contra la «desigualdad», siguen defendiendo y aplicando las mismas y nefastas políticas neoliberales de siempre, es decir: aunque el neoliberalismo está en crisis, para las élites partidistas sigue siendo el punto de referencia dominante.
Según las cifras correspondientes al año 2019, casi 13.000.000 de personas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social en nuestro país, otorgándole el tercer país de la Unión Europea con mayor desigualdad, por detrás de Rumanía y Bulgaria, y este desastroso dato, mírese por donde se mire, indica que tener trabajo ya poco tiene que ver con el hecho de vivir con un mínimo de dignidad, sobre todo cuando las rentas percibidas por el trabajo suponen uno de los principales factores de la desigualdad, puesto que los beneficios obtenidos cada vez se distribuyen más en forma de dividendos para los accionistas de las empresas y no de salarios o de inversión productiva.
Todo apunta a que el sistema fiscal español ha contribuido notablemente a generar esta desigualdad. Así, el 83 % de la recaudación fiscal en 2018 llegó del IVA, el IRPF y otros impuestos de las familias, mientras que las sociedades solo aportaron un 12% de la recaudación. Dicho en román paladino: los impuestos siguen favoreciendo a los ricos, quienes han visto incrementada su riqueza un 4% mientras que los ciudadanos más pobres de España han visto reducidos sus ingresos en torno al 40%. Unas cifras que nos permiten corroborar los augurios plasmados en los estudios del FMI para el “estallido social”, cuando en España menos de medio millón de personas tienen cuatro de cada diez euros que hay en el país y la desigualdad que ha seguido creciendo durante la llamada recuperación económica nos deja titulares como el siguiente: El 10% más rico de la población española concentra más que el 90% restante.
En cualquier caso, lo peor nunca es seguro, pero parece que la debilidad del crecimiento y la necesidad del capitalismo neoliberal de aumentar la presión sobre el trabajo, sumadas a los efectos directos de la pandemia, están llevando a una situación explosiva. Y, dado el efecto retardado de las pandemias, la aparente calma actual no garantiza la futura paz social. Por lo tanto, sería un error que los actuales dirigentes tomaran al pie de la letra los picos de popularidad o una forma de apatía entre la población, optando por seguir decretando “estados de alarma”, “toques de queda” con sus correspondientes “cierres perimetrales” en nombre de la pandemia, para que una población en estas condiciones no se pueda movilizar ante la dura realidad que se avecina, donde los recortes y privatización de las pensiones ocupan un lugar de primera magnitud.
De ahí, la enorme necesidad de revertir y anular las reformas laborales aprobadas por los gobiernos del reino de España en los años 2010 y 2012, que fueron esenciales para debilitar a los sindicatos -solo el 13,9% de los trabajadores españoles está sindicalizado-, lo que resultó en un gran incremento de la precariedad y del desempleo, más agravado aún, cuando las élites de estos sindicatos tan minoritarios, aunque se autodefinan mayoritarios, hayan quedado transformados en meras agencias gubernamentales, cuando no patronales, aceptando todo lo que les ponen encima de la mesa a cambio de la correspondiente “soldada o mordida” a modo de subvención que les permita seguir aparentando y viviendo como lo que no son.
