Pidiendo peras al olmo

En una democracia, los ciudadanos y ciudadanas tienen, tenemos, derechos. Uno de ellos es el de elegir a quienes se supone representaran, precisamente, esos derechos. Es sabido y comprobado que no siempre ocurre así. Por causas siempre ajenas a los representados y representadas (un ejemplo lo ocurrido con el subsidio de desempleo), la representación no siempre se ejerce en función de los derechos ciudadanos. Dicho más sencillo: la voluntad popular se elude. Sin embargo, no hay mecanismos directos, reales, por los que la ciudadanía pueda y deba ejercer el derecho a las pertinentes explicaciones que se toman mediante leyes, o no se toman. Nos dicen, con descaro, que tenemos cada cuatro años oportunidad de cambiar el voto. Pero no es eso lo que aquí intento exponer.

En mi opinión, esa explicación que el ciudadano podría pedir en algún caso, es el principio básico de un Estado de derecho. Un derecho ciudadano que se ejerce hacia los y las representantes que se han elegido y que tienen con esa elección el poder de influir con eficacia en la política que debería de favorecer a la ciudadanía.

Cuando se acude a las urnas en elecciones tanto locales, como regionales o estatales, a ellas se presentan personas de los partidos políticos o agrupadas en coaliciones, que mediante programas exponen aquellos puntos que piensan son importantes para el pueblo. Programa que será votado en elecciones y en su caso defendido en el Parlamento. Es en ese lugar donde saldrán las leyes que posteriormente se aplicarán, entendiendo que todas irán en beneficio de la ciudadanía representada y a la que se le pidió el voto con anterioridad.

Traducido a "román paladino", sin adornos: estamos los ciudadanos y las ciudadanas en manos de quienes se han elegido para que los quehaceres de la cosa pública beneficien y mejoren la vida y calidad de las personas. Ocurre que no siempre los representantes aciertan en sus decisiones y otros actúan espuriamente en contra.

Las y los representantes tienen un gran margen de maniobra y de confianza para tomar decisiones. Pero, no son ilimitadas, no es cuestión de "fe" o de poner la otra mejilla. Tampoco del tan manido perdón o de la ineficaz autocrítica. Es aquí donde el ciudadano tendría que tener instrumentos que le permitiesen pedir explicaciones reales y fiables a quienes se equivocaron, erraron o actuaron con alevosía.

Los partidos políticos como tales, y las personas que perteneciendo a ellos han sido elegidas no pueden ser eximidas de la obligación de explicar convincentemente las razones por las cuales tomaron o dejaron de tomar determinadas decisiones. Tienen que aclarar sus comportamientos políticos, tanto en el Gobierno como en el Parlamento.

No, no es la solución cada cuatro años, como cínicamente se nos apunta. Son mecanismos reales y efectivos, no solo nominales y burocráticos, para que de manera periódica y recurrente podamos exigir el porqué de algunas decisiones sobre asuntos de interés público. Sencillamente, un comportamiento transparente y democrático que dé a la ciudadanía conocimiento para juzgar y para entender y así ejercer nuestro derecho de crítica. Si no es así, se hablará de democracia. Pero, no será tal.

Me estoy acordando del voto contrario de Podemos al subsidio de desempleo, coincidiendo, no en el fondo, sí en la forma, con Vox y PP. Lo mismo para el PP con sus actos y pactos… O de cualquier organización política parlamentaria.

¿Peras al olmo? Siendo el olmo el árbol de la sabiduría y de la vida, tal vez, pueda dar peras.

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