El mundo musical español lleva meses en vilo. La Orquesta Ciudad de Granada, una de las más interesantes del panorama nacional, ha estado a punto de cerrar después de décadas de actividad de primer nivel que ha sido determinante en el desarrollo cultural de la ciudad andaluza.
Afortunadamente, las instituciones implicadas en el sostenimiento de la misma han dado luz verde para solventar los problemas económicos que amenazaban con la quiebra a una formación que no ha hecho otra cosa que trabajar, y muy bien, a lo largo de estos años.
El problema, cómo no, lo han creado los propios políticos al infrafinanciar un proyecto que ha ido acumulando un déficit que ya amenazaba ruina total. Esos mismos políticos sólo han reaccionado ante la contundente y razonada presión por parte de los músicos, con el apoyo unánime del sector en todo el país, y también -algo que ha sido clave- del público, de sus abonados y una ciudad que se ha volcado en la defensa una institución que consideran propia y por eso han luchado para que se mantenga en su ciudad como un elemento decisivo de su vida cultural. En la batalla por mantener la orquesta, además, se han implicado intelectuales de toda España, y muchos de ellos de fuera del ámbito musical. De hecho se redactó un contundente manifiesto en el que han participado nombres como Antonio Muñoz Molina, Fernando Aramburu, Luis García Montero o los maestros Antoni Ros Marbá y Josep Pons, entre otros muchos.
Creada en 1990, la Orquesta de Granada entra de lleno en el proceso de normalización que experimentó la vida musical española con la creación -al fin- de orquestas locales vinculadas a las ciudades y al que también pertenece, nueve años después, Oviedo Filarmonía. Pese a ello todavía perviven carencias en nuestra vida cultural muy significativas: uno de los grandes déficits, frente a nuestros vecinos europeos, es el de la incertidumbre de los proyectos. Las instituciones musicales: orquestas, museos, bibliotecas, ciclos de conciertos, temporadas líricas, etc., gozan en Europa de la estabilidad que proporcionan pactos entre las diferentes formaciones políticas unidas con el fin de propiciar el bien común y que la cultura esté fuera de veleidades partidistas o de gustos particulares. Aquí, sin embargo, aún se escuchan -es verdad que, afortunadamente, cada vez con menor intensidad- a representantes públicos diciendo determinados aspectos de la cultura son de élite (sic). Lo único que es elitista es que para asistir a un concierto o una representación lírica se deba realizar un desembolso tan importante que impida el acceso al común de la ciudadanía. Esas barreras son las que se deben eliminar mediante presupuestos públicos ajustados realmente a las necesidades presupuestarias. El sostenimiento de una orquesta, de un museo o de una red de bibliotecas tiene un coste y ahí es donde las instituciones son claves para cumplir el mandato constitucional de favorecer el acceso a la cultura. Si todas estas actividades se rigiesen por el ámbito privado el acceso sólo sería para una élite porque de repercutir su presupuesto a la venta de entradas el precio de las mismas sería altísimo. La cultura nunca ha sido rentable económicamente como tal, requiere de un mecenazgo. Si se deja su desarrollo al albur del mercado las consecuencias para la creación son nefastas porque no se apuesta por lo nuevo en lo que a las artes escénicas o musicales se refiere. Por eso en Europa las instituciones públicas desempeñan un papel esencial.
Esperemos que las orquestas españolas continúen con sus proyectos con la estabilidad que merecen y que no estén sujetas al capricho de que a alguien le apetezca aportar lo que se precisa, sino que se regulen por un marco estable y seguro. Los beneficios, y muy extensos, los recogerá toda la sociedad.